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Seminario de Generación Intermedia en la Ciudad de San Juan

El 13 de agosto de 2012, en el marco del Programa para la Generación Intermedia, se realizó en la Ciudad de San Juan el seminario titulado “Presupuestos mínimos para una minería sustentable”. El seminario estuvo coordinado por el ex candidato a Intendente de San Juan Eduardo Cáceres, el Diputado Nacional del PRO Julián Obiglio, el Senador de la Provincia de Mendoza por el Partido Demócrata Carlos Aguinaga y su par del PRO en la misma Provincia, Gustavo Cairo.

Disertantes de Generación Intermedia en San Juan: Gustavo Cairo,
Julián Obiglio, Eduardo Caceres y Carlos Aguinaga.


Disertantes de Generación Intermedia en San Juan: Gustavo Cairo,
Julián Obiglio, Eduardo Caceres y Carlos Aguinaga.

El encuentro, realizado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, tuvo el formato de mesa redonda, con intervenciones de ciudadanos que expresaron sus temores ante los riesgos de contaminación, y de expertos que transmitieron parámetros técnicos que se aplican en otros países.

Se destaca especialmente la excelente recepción de los asistentes a que los dirigentes políticos de dos Provincias mineras se hayan interesado en estudiar este tema en profundidad, y en proyectar políticas públicas de largo plazo para un desarrollo sustentable.

Las siguientes son las principales conclusiones derivadas de las reflexiones expresadas por los asistentes al seminario:

  • Se deben cumplir las normas ambientales nacionales y provinciales (constituciones, tratados y leyes) antes, durante y, especialmente, luego del cese de la actividad extractiva (aguas, glaciares, aire, bosques, impacto ambiental, suelo, seguro ambiental, etc.). Consideramos que mayor celo debe ponerse en aquellas zonas con  actividad sísmica y riesgo de aludes.
  • Es necesario lograr el consenso y el compromiso de las provincias para que dicten las normas ambientales necesarias en caso de existir vacíos legales. Especialmente énfasis se debe poner en lo que hace a aquellas normas que exijan la recomposición y protección ambiental y social luego del cese de la actividad extractiva.
  • Debe procurarse comprometer a las compañías mineras para que, además del acatamiento de las normas ambientales locales, cumplan con sus propios estándares ambientales y de responsabilidad social empresaria cuando estos fuesen más estrictos que las normas locales.
  • Es crucial que se incentive la pacífica y constructiva participación ciudadana antes, durante y luego del cese de la actividad extractiva. Las empresas mineras deben poner especial énfasis en permitir el acceso de los ciudadanos a sus explotaciones para que comprueben por ellos mismos lo que sucede dentro de las mismas. Resulta imperioso quitar el halo de “misterio” que siempre parece haber detrás de las mineras.
  • Las autoridades y las empresas deben favorecer el empleo de la mano de obra local.
  • Debe orientarse la existencia de la infraestructura minera (caminos, puentes, diques, tendido eléctrico, etc.) para su aprovechamiento por parte de la comunidad local antes durante y luego del cese de la actividad extractiva.
  • No se puede dejar de lado la necesidad de incentivar el desarrollo de las demás actividades económicas locales que no se vinculan a la minería y que se pueden ver postergadas durante la faz de explotación de la mina (artesanías, pequeña ganadería, actividad agrícola, turismo, etc.). La perduración de estas actividades, resulta de gran ayuda al momento de diagramar la faz social después del cierre de una explotación minera.
  • Nunca debe dejarse de lado el respeto por los valores (arqueológicos, religiosos, étnicos, culturales, etc.) de las comunidades locales.
  • El Estado debe redoblar sus esfuerzos para la educación y contención de los integrantes de las comunidades locales (empleados o no por las mineras) con el fin de adaptarlos y protegerlos del impacto que les causa el acceso a bienes y un nivel de vida antes desconocido (síndrome de “ex-Barrik”). De esta manera resultará más sencillo protegerlos durante y luego del cese de la actividad extractiva (relacionado punto 5).
  • Se consideró la conveniencia de elevar el porcentaje de regalías que el Código de Minería permite percibir a las provincias por el mineral extraído. Esto, entre otras cosas, redundará en mayor transparencia y menor corrupción por parte de los gobiernos provinciales.
  • También deben elevarse las retenciones que cobra el Estado Nacional a las exportaciones del mineral extraído.

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