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Opinión

Sobre el control de armas

Por Diego Carlos Naveira

Publicado en junio de 2013

INTRODUCCIÓN

Posiblemente el mayor flagelo que en este momento está azotando a la Argentina sea el de la inseguridad. Es cierto que éste no es un problema nuevo (como si lo son el déficit sanitario, la desnutrición infantil o la inflación galopante), pero en los últimos años se ha visto agravado.

Ante este cruento escenario, pocas medidas se han tomado, todas ellas poco eficaces. Otras medidas se quieren tomar, tal vez más ineficaces y hasta perniciosas que las ya adoptadas. Me estoy refiriendo a las medidas que se pretenden adoptar mediante una ley proyectada por una senadora que pretende burocratizar aún más a la ciudadanía en lo que a la tenencia de armas legales respecta. Esta medida, según la mencionada senadora, pretende bajar los índices de criminalidad. No pongo en tela de juicio las buenas intenciones de la senadora en cuestión, pero en el mejor de los casos esta medida no servirá para nada y todo seguirá igual. En el peor de los casos, se habrá causado un daño difícil de reparar y a expensas de grandes costos para la ciudadanía y las arcas fiscales.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad se calcula que en el país hay entre 3.500.000 y 4.500.000 de armas de fuego en poder de civiles. Alrededor de 1.200.000 se encuentran en manos de ciudadanos legalmente registrados como legítimos usuarios de armas de fuego, lo cual deja en la marginalidad una cantidad que ronda las 3.000.000 de armas. Una porción de esas armas en la marginalidad, son las que a diario se utilizan para llevar a cabo los delitos que se cometen. Es bueno destacar que menos del 1% de las muertes que con armas de fuego se producen, incluidos suicidios y accidentes, son cometidos con armas debidamente registradas. El 99% restante, se ocasiona con armas ilegales. Esto demuestra que desarmando al decente no se combate a la inseguridad. Es falso también afirmar que todas las armas en la ilegalidad, alguna vez fueron legales, salvo en lo que respecta a las robadas a los miembros de las fuerzas armadas o de seguridad o las que desaparecen de los juzgados o de los depósitos de entrega voluntaria de armas.

Nuestro país cuenta con una ley de armas, la 20429/73, ejemplo a nivel mundial y modelo promocionado por la ONU. Lejos de ser una norma permisiva -en EEUU sería tildada no menos que de fascista- junto con su decreto reglamentario y legislación posterior, nuestra Ley de Armas, Municiones y Explosivos establece los requisitos que se deben reunir para que un ciudadano se convierta en legítimo usuario de armas de fuego. Entre los requisitos más destacables se pueden mencionar el de demostrar medios lícitos de vida; no contar con antecedentes penales; ser apto física y mentalmente; demostrar idoneidad en el manejo seguro de las armas; indicar el lugar de guarda de las mismas y pagar una cantidad determinada de dinero que hoy ronda los $350. Este permiso debe ser renovado cada 5 años, volviendo a presentar toda la documentación mencionada actualizada y volver a pagar los aranceles pertinentes. La registración de cada arma de fuego requiere de un trámite aparte con un costo adicional de $60. De más está decir que quienes cometen delitos a mano armada, lejos están de cumplir con estos requisitos. Cabe destacar que el organismo que se encarga del registro de las armas de fuego y sus usuarios, importadores, fabricantes y quienes las comercializan, es el Registro Nacional de Armas (RENAR) que depende del Ministerio de Interior de la Nación. El funcionamiento del RENAR está financiado con el dinero que aportan los interesados en llevar adelante los trámites de registración, implicando un costo cero al resto los contribuyentes. Quienes quieren tener, importar, comercializar y fabricar armas corren con los gastos que al Estado le significa la labor de control registral. De llegar a suprimirse el RENAR tal como hoy funciona, como lo sugiere la Senadora Escudero, serán todos los contribuyentes quienes deberían afrontar los costos del control registral de armas.

EJEMPLOS INTERNACIONALES

Si tomamos en cuenta que la inseguridad no es un mal propio de nuestro país, aunque el crecimiento reciente pareciera indicar lo contrario, nos encontraremos con que se han ensayado distintas recetas en otros lugares del globo.

En lo atinente al control de armas, tenemos dos posturas opuestas y varios grises en el medio.

Por un lado encontraremos a aquellos sistemas en los que la libertad de tenencia de armas es irrestricto como el caso de más de 30 estados de la Unión en Norteamérica. En el otro extremo encontraremos las propuestas de control total con ejemplos que van desde la Alemania Nazi y la Unión Soviética hasta Gran Bretaña y Australia.

En un totalitarismo, el control de armas está orientado a poder someter fácilmente a un pueblo incapaz de defenderse. Es de Adolf Hitler la frase “El más estúpido error que podemos cometer sería permitir a las razas dominadas poseer armas. La historia enseña que todos los conquistadores que permitieron a los pueblos dominados poseer armas han preparado su propia caída al hacerlo”. Seis millones de judíos muertos en Alemania y 105 millones de víctimas de la represión comunista en todo el planeta hablan a las claras de por qué Hitler, Stalin y Mao eran partidarios del desarme civil. Un hombre armado, es un ciudadano; un hombre desarmado, sólo un súbdito.

En un régimen democrático, la idea principal, si bien resulta reñida con las libertades individuales, el desarme civil busca por el camino equivocado un bien como lo es la reducción del crimen. En Gran Bretaña y Australia se han ensayado estos caminos con resultados desastrosos. En Gran Bretaña entre los ´90s y el año 2000, el nivel de homicidios aumento en un 50%. Se paso de 10 por millón en 1990 a 15 por millón en 2000. En Australia desde que en 1997 se confiscaron y destruyeron las armas debidamente registradas por ciudadanos decentes, el crimen aumentó en un 166% y a un costo de u$s 500.000.000 para los contribuyentes.

En este punto cabe aclarar que países como Suiza y Finlandia, cuentan con las mayores poblaciones de ciudadanos armados y sus índices de criminalidad son de los más bajos del Orbe. Conviene resaltar también que fueron esos mismos ciudadanos finlandeses armados quienes con sus fusiles de caza frustraron la invasión soviética en la Guerra de Invierno de 1939; y que Hitler bien se cuidó de invadir Suiza donde cada ciudadano es un reservista que tiene sus armas en casa.

En EE.UU, los estados que menor control ejercen sobre los derechos de los ciudadanos a tener armas son los que menos inseguridad padecen, en comparación con otros estados como Nueva York, el más estricto de la Unión en este tema y el que más criminalidad sufre.

En nuestro país se ha ensayado la entrega voluntaria de armas de fuego en manos civiles a cambio de entradas a espectáculos, becas de estudio, alimentos, etc. Los resultados fueron magros ya que solo se entregaron alrededor de 107.000 armas, aproximadamente el 2,5% del total estimado en el país entre las armas registradas y las que no. Obviamente, entre las entregadas, no estaban las que los delincuentes utilizan para cometer crímenes.

DERECHO A TENER ARMAS

Son muchos los motivos por los cuales una persona puede querer tener armas. En unos casos por coleccionismo; en otros para practicar deportes como la caza o el tiro al blanco. Cabe destacar en este punto que, entre las diversas disciplinas olímpicas que se practican con armas de fuego, los deportistas argentinos han conquistado en los últimos años buena cantidad de medallas. Otro caso en el cual los ciudadanos optan por armarse es para la salvaguarda de su vida, la de sus seres queridos y sus bienes. En este último caso, el de la legítima defensa, la tenencia de armas constituye en derecho de primer grado ya que el bien tutelado es la vida. La legítima defensa exige proporcionalidad en la respuesta ante una agresión. Un ciudadano sin armas, difícilmente pueda estar en condiciones de defenderse proporcionalmente ante una agresión llevada a cabo con un arma si el Estado lo obligó previamente a vivir desarmado. Por lo tanto, la prohibición de tener armas a los ciudadanos decentes, es contraria a los derechos humanos. Para colmo de males, los medios con que cuenta el Estado para la protección de los ciudadanos no alcanzan y llegan tarde.

La defensa de la Nación también está incluida en el derecho de legítima defensa como una especie de la misma y para lo cual resulta lícito el ejercicio del derecho a tener armas. Nuestra Constitución Nacional en su artículo 21 así lo entiende cuando establece que “Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución…”. Además, dentro del rango constitucional que enviste el derecho de los ciudadanos a tener armas, debemos destacar los “Pactos Preexistentes” a que se refiere el preámbulo de nuestra carta magna y que hicieron posible la Unión Nacional y la redacción de la Constitución. El Tratado de Pilar en su artículo 8 dice que “Será libre el comercio de Armas y municiones de guerra de todas clases en las Provincias federadas”. El Tratado del Cuadrilátero, en su artículo 7 establece que “La (Provincia) de Buenos Aires facilitará, en cuanto lo permita su estado y recursos, el armamento, municiones y demás artículos de guerra a cualquiera de las otras que lo necesite y pida, cuyo importe de los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la especie, modo y tipo que contratasen los respectivos Gobiernos, quedando a más, libre el comercio de aquellos entre las cuatro provincias”.

Resumiendo lo antedicho, transcribo las palabras de Bartolomé Mitre respecto de la tenencia de armas por parte de civiles: “Todo ciudadano de un pueblo libre, que tenga el instinto de conservación, debe saber manejar un arma de guerra, con ojo certero, brazo firme y corazón sereno, para defender la paz, sostener su independencia y mantener el orden público, porque las balas puestas en el blanco de tiro, que no matan a nadie, aseguran estos grandes vitales bienes”

REFLECCIONES FINALES

Pretender reducir y controlar la inseguridad mediante el hostigamiento burocrático y el desarme de los ciudadanos decentes es como querer tapar el sol con las manos, pero además, con manos transparentes. No solo imposible sino que además inútil.

Está demostrado que los ejemplos que se pretendieron dar en ese sentido en otros países, no solo no cambiaron la situación delictiva sino que además, la empeoraron, ya que si la posesión de armas queda fuera de la ley, solo los que viven fuera de la ley, tendrán armas. Ningún delincuente entregará sus armas-herramientas-de-trabajo y además se coloca en una situación de indefensión al ciudadano honesto. El delincuente, que por naturaleza es un cobarde, se sentirá tranquilo de irrumpir en una casa teniendo la certeza que no será repelido.

El desarme al ciudadano decente, no deja de ser una medida rimbombante e inútil para mostrar en los medios a la vez que simplista, utópica y hasta falsa. Resolver un problema como el de la inseguridad requiere de la utilización y mejora de herramientas que ya existen y del desarrollo de otras que han demostrado su efectividad.

En lugar de acosar y demonizar a quien tiene sus armas debidamente registradas, se deberían llevar a cabo otras medidas tendientes a evitar las situaciones que llevan a la delincuencia. Prevenir, acorralar al delincuente y aplicar el castigo merecido.

Las herramientas para evitar la delincuencia no son otras que llevar educación a todos los estratos ciudadanos; promover la inclusión social; fortalecer la familia; fomentar la cultura del trabajo; optimizar las políticas inmigratorias para que quienes vienen a nuestro país no se inserten en la marginalidad de los asentamientos de emergencia.

En cuanto a lo preventivo y al combate del delito podemos mencionar la necesidad de mejorar el reclutamiento, entrenamiento y equipamiento policial; mejorar los sistemas de radarización para evitar el ingreso al país en vuelos no registrados con droga y armas ilegales, verdaderas causantes de la violencia actual; trazar políticas de estado que no impliquen el atado de manos a nuestros gobernadores en el combate del delito.

Para aplicar los castigos que se merecen quienes alteran el orden legal se pueden mencionar la conveniencia de designar los jueces que hoy hacen falta, que estos además sean idóneos; perfeccionar el sistema carcelario; modificar los códigos procesales penales; aumentar las penas y trabajar sobre la reinserción del delincuente.

No se propone un sistema carente de control alguno, pero tampoco se puede pretender convertir al ciudadano respetuoso de las leyes en un delincuente. El ciudadano buscará cuidar su vida y la de sus seres queridos utilizando medios adecuados y proporcionales a los que utilizan los agresores. Si la población es desarmada, a los delincuentes les resultará mucho más fácil llevar a cabo su nefasta labor.

Finalmente y a modo de epílogo, por el tenor de las palabras volcadas y el prestigio de quien las mencionó, trascribiré la siguiente frase: “Entre las muchas cosas que hicieron mal los ingleses en la India, la historia recordará la ley que prohibió a una nación entera la tenencia de armas, como la más oscura”, Mahatma Gandhi.

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