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Opinión

La única verdad es la realidad

Por Carlos Alberto Carranza

Publicado en “Reflexiones Políticas II”, diciembre de 2012.

 “..Hacer política es también correr el riesgo del juicio inmediato, de la apuesta cotidiana y de hablar cuando se siente el deber moral de hacerlo, y no solamente cuando se tiene la certeza o la esperanza teórica de hacerlo bien..”.
Umberto Eco

Corriendo ese riesgo y muy a pesar de quienes quieran falsificar los hechos u ocultar los datos oficiales, todos sabemos que la “realidad” es el objeto más preciado desde el punto de vista analítico cuando hablamos de inseguridad. Ese objeto sagrado del deseo es a veces el más escaso recurso de cierta clase dirigente, pero cuando de acertar en políticas de seguridad se trata, esa realidad debe ser la de la gente, no la de los funcionarios. Creo no equivocarme cuando titulamos que “La única verdad es la realidad”, tomando palabras que usaba Perón y por ello afirmamos que si esa lección sirve o es necesaria quizás para todas las acciones públicas y privadas de la vida, en materia de seguridad pública, lograr ubicarse en tiempo y espacio, es primordial y esencial. Su negación puede ser fatal, ya que se trata de vidas humanas, y se mide a veces con la pérdida de libertades, espacios públicos y en algunos casos hasta derechos. Ni que hablar cuándo del funcionario a cargo de la seguridad pública del Estado se trate, ya que de su apreciación de la realidad depende gran parte de todo lo que pase o no pase en el país, y por eso este es un tema tan complejo y apasionante, como urgente e inmediato en abordar; en lugar de decir y sostener a menudo que el delito ha disminuido en la Argentina, lo cual -además- es falso.

Hace más de cuatro años que la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación no publica las estadísticas a la que esta obligado por imperio de la ley 25.266, incluso las publicadas no suministran datos de la Provincia de Buenos Aires, por una decisión política del Sr. Ministro. ¿Cómo puede de esta manera diseñarse o ejecutarse una política en materia de Seguridad, cuando el Estado no publica los datos que les son enviados por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires? Este relato entonces es un cuento, ya que se miente en materia de inflación, de desempleo, de pobreza, de asistencia escolar, de analfabetismo y ahora también en materia de seguridad, es ello muestra que la realidad no les gusta, pero lamento decirles, no tiene remedio.

La seguridad es algo de todos los días, aunque algunos la analicen como fenómeno cultural ya que desde la sociología, la antropología o la criminología se ven preocupados por la aparición de un nuevo sujeto que no se considera culpable cuando comete un delito por su condición de excluido y víctima del sistema. Otros reflexionan desde la Defensa Nacional y la necesaria conexidad con los organismos federales y provinciales para atacar el crimen organizado y el narcotráfico. Pero hoy creo necesario abordar el tema desde una perspectiva mucho más real y concreta ya que la sociedad reclama cambios inmediatos que deben ser resueltos con urgencia por la gestión gubernamental nacional. Ya no es tiempo de conflictos con las provincias o la ciudad autónoma ni tampoco interesa mucho quien gana la batalla por la mediatización de los conflictos vinculados a la inseguridad o por el control de la llamada agenda política, ya que por esos desvaríos nos vamos alejando cada día más de la decisión política correcta y -fundamentalmente- en la identificación de esa famosa “realidad” y de sus posibles soluciones. Se ha caído en la manipulación de quienes pretenden hacernos creer que solo hay “sensación de inseguridad”, lo que es más grave aún porque esconde el problema real y lo trata de ocultar, cuando la ciudadanía sufre a diario algún hecho contra su persona o sus familiares, amigos o conocidos. Las últimas encuestas así lo indican, la criminalidad va en aumento en todos lados, aunque no se publiquen las estadísticas y nos encontramos por ello ante una grave situación que debe ser remediada o controlada lo antes posible. Varios son los legisladores que han pedido informes sobre la cuestión, y nadie ha respondido hasta ahora.

Lo decíamos por la necesidad de dar con el diagnostico indicado para tomar las acciones urgentes para que la gente viva más tranquila y en paz, ese es el objetivo más importante de quienes tienen a su cargo la gran responsabilidad de gobernar. Que cada ciudadano pueda desarrollar su vida en plenitud, ir a trabajar, a estudiar, salir a divertirse, tener un comercio, hacer deportes o simplemente salir a caminar, sin que lo ataquen o violenten en su vida normal o la de su familia. Esa es la función principal del Estado, para eso la Constitución y la ley le dan la facultad al gobernante de evitar los comportamientos antisociales o dañosos y en su caso imponer sanciones; y les otorgan competencias a las instituciones policiales o judiciales para llevar adelante esas acciones porque, si es el Estado quien tiene a su cargo el control y el monopolio del uso de la fuerza, las instituciones que están para ello tienen que tener las herramientas y los recursos suficientes para llevar adelante su tarea.

Pero lo primero que tenemos que destacar es que si bien la problemática de la seguridad o inseguridad lo podemos analizar desde varias dimensiones, por decir algunas, la académica, la mediática, la profesional o la técnica, lo más importante es que la supra dimensión estatal; es decir el Estado como “responsable institucional” debe abrevar de todas y cada una de las dimensiones para llevar adelante la mejor política que convenga en ese momento en cada lugar, sin anclajes ideológicos o prejuicios conceptuales que le impidan llevar tranquilidad a la gente, porque ese es el principal objetivo: preservar la “paz social” y garantizar la convivencia entre los argentinos.

Por eso y para eso, lo más importante es tener siempre a mano las estadísticas de criminalidad, las encuestas de victimización, los comparativos históricos propios y los de otros centros urbanos similares o parecidos para actuar en consecuencia, pero reitero lo central en materia de seguridad es un buen diagnóstico de la realidad porque ésta va cambiando todos los días, y a veces sin darnos cuenta. La “dimensión académica” es muy importante, los planes de estudio, las carreras profesionales que se incorporan al ámbito forense, tecnicaturas, pericias, o en el sector privado que se ha incursionado mucho en seguridad informática o en materia bancaria, etc.. La “dimensión mediática” se agrega ahora como un actor más que importante en tanto y en cuanto construye ciertos patrones de tolerancia o intolerancia promedio de determinados comportamientos sociales, y no existe un día ni una hora en que un fenómeno en materia de inseguridad no se meta en nuestra casa, sea por Internet, televisión, radio o los diarios y revistas que se consumen. Y la “dimensión técnica” que es la visión de aquellos que en algunos casos como expertos o idóneos se incorporan al quehacer profesional y se han preparado para ello, aportando sus puntos de vista, lo que destacamos por cierto, ya que para ello se han especializado en algunos casos.

Pero reitero, cuando se gobierna hay que echar mano a todas y cada una de las dimensiones, no quedarse solo con una porque eso sería un grave error. La complejidad de la materia obliga a un abordaje multidisciplinario, que incluso depende de cada lugar y de cada momento. Cualquier desviación del análisis conlleva a una deformación de la realidad y en ocasiones a ocultarla, porque convengamos que, desconocer lo que está pasando o negarlo es la peor de las soluciones que nos llevaran inexorablemente a un fracaso. En algunas cosas y en algunas situaciones estamos pagando las consecuencias de haber ocultado la realidad, y ahora ha explotado, de modo que hay que enfrentar esta realidad y contrarrestarla para volver al estado de normalidad y de equilibrio en que debe transitar o desenvolverse la vida en sociedad. La negación es un problema, ya que tarde o temprano ese problema sale a la luz y lo hace con toda virulencia como lo estamos observando y sufriendo día tras día; lamentablemente en el país y no solo en el conurbano bonaerense, sino también en las grandes ciudades.

Lo que debemos hacer entonces es: primero identificar la famosa “realidad”, que reitero es la de la gente; y segundo, hacer llegar a esos decisores o actores principales los aportes estadísticos para quienes gestionan o tienen a su cargo la responsabilidad institucional de la seguridad publica en el país. Es decir la cuestión de cómo y cuándo llega esa realidad a los gobernantes es también una cuestión que nos compete a todos, de allí que las organizaciones no gubernamentales que realizan mediciones sobre la tasa de criminalidad deben hacer conocer sus resultados ante la falta de información estatal, incluso desafiando el último párrafo del art. 13 de la ley 25.266. Esta es una cuestión central ya que nos está vedada la verdadera situación e impedido el acceso a las bases de datos que dispone el Ministerio de Seguridad, de modo que nos obliga a todos a mantener e instalar cada vez más la información de campo seria y responsable de que disponen organismos no gubernamentales y las provincias, en defensa de la “cultura de la legalidad”, y sobre todo para disponer de un cuadro de situación del sistema penal en su conjunto, ya que ello determina las acciones pertinentes para llevar a cabo una gestión eficaz en materia de seguridad pública.

Por ello, no hay que ceder ante la construcción de un relato que hacen solo algunos funcionarios, sino entre todos: los medios, los académicos, los profesionales, las ONGs, las provincias y los expertos realizar una base de datos que permita la construcción de las soluciones conforme a la “verdadera realidad” ya que es tarea de todos nosotros, que somos los que tenemos la facultad, el poder y la competencia de monopolizar la interpretación de lo colectivo, aún cuando no le guste o no le convenga al funcionario de turno. La realidad cotidiana no es una realidad distinta, porque todos queremos vivir en paz y poder hacer las cosas que se nos plazca en una sociedad libre y sin falsificaciones o distorsiones analíticas que parten de abstracciones que anidan en teorías o en percepciones de otras realidades, que son etéreas o en el mejor de los casos lejanas a nuestra idiosincrasia y nuestro propio estilo de vida. Esta es la realidad que sufrimos y padecemos los argentinos de hoy y que el Gobierno Nacional al parecer, se empeña en ocultar.

Lo dijimos antes y lo repetimos ahora, los ataques del Gobierno hacia la justicia, el Consejo de la Magistratura, la oposición, los medios, el Parlamento, los gremios, los partidos políticos y fundamentalmente contra las fuerzas de seguridad son un pobre mensaje hacia la ciudadanía, mucho más cuando las tareas de información, las condiciones en la ejecución penal, la concreción de las políticas en materia de prevención y atención post penitenciaria son resortes del Poder Ejecutivo. Ello nos permite inferir que, unido a la escasez de plazas para alojamiento de detenidos, la falta de control en los sumarios de instrucción policial, el fenómeno de la corrupción y los abusos en los procedimientos, las fugas permanentes de reclusos que vuelven al circuito delictual, la aparición de uniformados en sectores de la economía delictiva, el escaso control del presupuesto y fundamentalmente la descalificación del concepto de autoridad en la conducción de las fuerzas, son facultades que corresponden corregir al propio Ministerio de Seguridad de la Nación, en lugar de ocultar los datos y negar el aumento de la violencia y del delito, cuando no, liquidar mal sus bajos salarios y haberes o llevar adelantes purgas interminables que a nada conducen.

Las encuestas que se han conocido últimamente publicadas por diarios nacionales del 2 de agosto de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de un aumento del 15% del delito y de un 36% de la población que dice haber sido víctima de un delito en los últimos tiempos. Carecemos de datos desde el año 2008 según el sitio web del propio Ministerio de Justicia de la Nación y desconocemos las razones por las cuales no se han seguido publicando los índices de criminalidad en Argentina. Los vínculos del narcotráfico ya se advierten en las grandes ciudades, ello quiere decir que debemos agregar al delito urbano del ataque personal o rapiña por robo de pertenencias, el delito complejo y transnacional del crimen organizado, por eso queremos conocer las encuestas de victimización que antes se publicaban. Esto es así, pero nadie se hace cargo y ante ello luce evidente el fracaso de quienes se niegan a suministrar a la población los datos reales de los hechos delictivos en el país, creyendo que desde ese fatal desconocimiento provocado y arbitrario, se puede erradicar la violencia delictual en la sociedad.

Las políticas de educación, tratamiento y readaptación social lucen por su ausencia. De ello se deriva que la droga quizás no sea la causa o el origen del problema, sino la consecuencia. La consecuencia del fracaso o de la ausencia del Estado, de la familia y de políticas de contención de los que caen bajo ese flagelo por la desidia estatal.

Como dice Santiago Kovadloff: “La realidad excede siempre las aptitudes analíticas de la conciencia”. Es decir no se puede ocultar el drama y el sufrimiento de la gente que a diario es víctima de algún hecho delictivo. No se puede banalizar el tratamiento de esta problemática tratando de justificar lo injustificable, creando una realidad virtual y deformando los hechos u ocultando su gravedad. Siguiendo al filósofo, cuando distingue entre “actualidad” y el “presente”, parece como que se quiere construir un discurso dominante cambiando escenarios, la propia historia, alabando un modelo que se traduce en un relato a través de los medios que manipulan los datos o desinforman hablando de sensación de inseguridad, que todos conocemos no es más que una ficción o una imaginación burocrática. Así, nunca vamos a llegar a la solución que espera la gente.

Esa especie de surrealismo o realismo mágico generado desde el poder que se choca todos los días con la verdad que es la gente que se encuentra vulnerable y sin protección de un Estado que mira hacia otro lado. La actual gestión en seguridad parte de la base que negando el problema este no existe, y por ello han paralizado la publicación de las tasas de criminalidad, entrando en un negacionismo ante el dolor y el drama de una sociedad que siente que le dan la espalda a sus reclamos, de allí nuestro pedido formal de conocer los datos que se encuentran en el Gobierno para realizar las correcciones que sean necesarias, antes que sea demasiado tarde.

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