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Opinión

Argentina: ¿Por qué estamos donde estamos?

Por Omar De Marchi

Publicado en “Reflexiones Políticas II”, diciembre de 2012.

Los esforzados ciudadanos argentinos que mantienen el país con su incansable trabajo, hoy se encuentran impotentes y confundidos. Su optimismo les hace creer que todo funciona con la misma seriedad y responsabilidad con que ellos actúan. Pero cada mañana, cuando se levantan, chocan inexorablemente contra la misma realidad, y comprueban cómo el fruto de su esfuerzo es confiscado por impuestos absurdos, por leyes ilógicas, por políticas permisivas que fomentan la irresponsabilidad, por sentencias judiciales con guiño político, y por la acción violenta de grupos masificados, que amparados por algún funcionario ignoto, se adueñan de las calles y violan sus derechos.

Surge naturalmente una primer pregunta que duele: ¿por qué estamos como estamos?

En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, Argentina era uno de los mayores acreedores del mundo y el segundo país en tenencias de oro. Uno de los principales destinos de la emigración europea, y quien exhibía los mejores indicadores de desarrollo económico.

En ese momento, el camino del éxito que Argentina había emprendido en 1853, desde que se presentó al mundo como una nación organizada constitucionalmente, tuvo frente a si una bifurcación: “responsabilidad y seriedad” o “demagogia y populismo”. Argentina podría haberse consolidado como una gran potencia, pero lamentablemente eligió el camino de la demagogia, el camino de la decadencia.

Allí nació la “Nueva Argentina” cuyos letales efectos se fueron desplegando lentamente en el tiempo hasta llegar a nuestros días.

La conquista del supuesto “Estado de Bienestar” implicaba la instauración de un nuevo modelo económico que requería de una estructura jurídica compleja y exagerada.

Era necesario hacer feliz al ciudadano, y la receta era un jarabe extraño compuesto por ingredientes obtenidos del nacionalismo italiano, del socialismo anarquista, de la preeminencia de la discrecionalidad del caudillo por sobre la serenidad de las instituciones, y que mezclados en proporciones adecuadas se obtenía el pasaje a la felicidad. A su vez, quien debía aplicar la receta era el propio Estado, y ello implicaba la eliminación de las libertades económicas individuales. Esto no suponía esfuerzo, ni creatividad, menos aún iniciativa individual, porque para eso estaba el Estado, era él quien debía organizar la vida de las personas, y éstas solo debían dedicarse a disfrutar.

Tomar este camino, significó el dictado de más de 16.000 decretos-leyes (del DL 3.002 al DL 19.270) en pocos meses, entre junio de 1945 y comienzos de 1946, antes del primer gobierno de Perón, pero ya impregnado por su protagonismo. El paquete de cambios estructurales fue luego convalidado por cuatro curiosas leyes: la 12.921 que contenía miles de disposiciones relacionadas con el trabajo y la previsión, la 12.922 con otras miles de normas vinculadas con impuestos, la 12.924 con innumerables reformas que afectaban a grandes empresas comerciales e industriales, y la 12.957 que modificó sustancialmente la organización bancaria pública y privada. Todas ellas fueron sancionadas sin debate y en solo segundos, durante la noche del 21 de diciembre de 1946. Ya gobernaba Juan Domingo Perón.

A partir de esa fecha, las bases sobre las que tradicionalmente se había apoyado la Argentina próspera se modificaron sustancialmente. Se adoptó un sistema económico, político y cultural acuñado en la “autosuficiencia nacional”: cerrarse al mundo, comercio exterior dirigido por el Estado, control de cambios, regulación de actividades privadas, nacionalización de grandes empresas, liquidación de las cajas jubilatorias del gremialismo libre, destrucción de las obras de solidaridad privadas, imposición del sistema estatal de previsión social sin sustentabilidad futura, nacionalización de los depósitos bancarios, adopción de una moneda politizada y control de precios y salarios bajo la hegemonía de un sindicalismo corporativo adicto al gobierno.

Para comprender la magnitud del cambio de modelo y paradigma operado a partir de 1946, enumeramos a continuación solo alguno de los principios que sellaron definitivamente el destino de Argentina en la segunda mitad del siglo pasado, y que aún subsisten, constituyendo la columna vertebral de esa verdadera máquina de impedir que oprime al país desde hace sesenta años, con gobiernos civiles o militares, de izquierda o de derecha:

• Las empresas públicas, entes autárquicos y sociedades mixtas no quiebran nunca y cuentan con avales irrestrictos de la Tesorería porque el Estado puede cumplir sus obligaciones emitiendo bonos o moneda. Sus administradores están exentos de las obligaciones y responsabilidades de los comerciantes.

• La moneda es un instrumento político en manos del Estado. El Banco Central, en los hechos, es una mera dependencia administrativa bajo las órdenes políticas del Ministerio de Economía de la Nación.

• El comercio exterior depende del humor oficial. Las divisas provenientes de exportaciones pertenecen al Banco Central y no a los exportadores. El Estado tiene facultades para denegar o declarar la necesidad de importación de bienes que los particulares deseen introducir y autorizar la compra de divisas en el mercado oficial de cambios.

• Los servicios públicos pertenecen originaria e irrenunciablemente al Estado, quien podrá darlos en concesión monopólica a terceros operadores. La propiedad privada no es un derecho absoluto y deberá cumplir una función social según lo dispongan las leyes respectivas.

• Sólo tienen el derecho a representar legalmente a los trabajadores los Sindicatos reconocidos y sometido al control del Estado. Sus dirigentes gozan de fuero similar a los legisladores y las comisiones paritarias, constituidas por ellos, tienen facultades para dictar convenios colectivos que se transforman en leyes de cumplimiento obligatorio. El escalafón por antigüedad predomina como criterio remunerativo sobre el mérito y la productividad.

• El Gobierno tiene facultades para regular las actividades de los particulares disponiendo intervenciones contrarias al mercado. Los contratos privados no son leyes entre las partes porque están condicionados y sometidos a la teoría de la imprevisión, originada en decisiones soberanas del Estado y en sentencias judiciales que interpretan la imprevisión de la misma forma que la interpreta el Presidente.

• El Estado tiene derecho a intervenir la producción, los depósitos de mercancías y determinar precios y salarios como resultado de una acción administrativa que tenga en cuenta las necesidades sociales y el costo de producción.

• La capacidad de préstamo de los bancos no depende del monto de sus depósitos sino del redescuento que les otorgue el Banco Central. Por razones de emergencia, el Estado puede establecer limitaciones en la disponibilidad y condiciones de reintegro de los depósitos bancarios alterando las cláusulas contractuales libremente pactadas entre bancos y depositantes.

• Las obligaciones financieras internacionales son discutibles porque seguramente fueron contraídas en fraude a los ciudadanos argentinos. Por lo tanto, no se está obligado a cumplir con los acreedores locales y extranjeros, aún sabiendo que un país necesita de esos mismos acreedores para ampliar su base de capital y mejorar así el problema de fondo, que es el aumento del empleo y de los salarios.

• No es necesario ahorrar para disminuir el gasto público, este se disminuye devaluando la moneda, aún sabiendo que se licuan los salarios de los ciudadanos que diariamente se levantan a producir.

Si estos principios fuesen aplicados en bloque y compulsivamente en cualquiera de las potencias más poderosas y desarrolladas del mundo, pronto entrarían en el pasillo oscuro de la decadencia.

Surge aquí una segunda pregunta que ya no duele, sino que genera esperanzas: ¿cómo se retoma el camino del éxito?

Por empezar, los argentinos debemos aceptar que la decadencia como país se debe a nuestra exclusiva culpa. Nada tienen que ver los EE.UU., ni los empresarios exitosos, ni los políticos que solo quieren terminar con las conquistas obreras. Argentina seguirá cuesta abajo si sigue creyendo que todos sus problemas se deben a causas ajenas.

Debemos acordar el fin de la improvisación y levantar la mirada, comprender que con la demagogia y con tramposos anuncios populistas solo se fortalecen la miseria y la corrupción. Debemos generar los consensos mínimos que permitan desarrollar una Visión Compartida sobre el País que imaginamos en el futuro, y desarrollar una Estrategia que nos ponga en el camino de la ejecución.

Es preciso adoptar criterios simples, probados y exitosos en materia de políticas públicas y que ya han sido aplicados satisfactoriamente en otros países. Los países desarrollados han conseguido el éxito relativo con instituciones confiables que dan estabilidad a los contratos y a las políticas, generando ahorro, inversión, trabajo y educación, desarrollando sus actividades con libertad de trabajo y emprendimientos creativos.

Se crece creando riqueza y no disputándosela. Con más emprendedores y no nuevas empresas públicas; invirtiendo y no regulando más; con políticas eficientes y no con retórica; dándoles seguridad a los inversionistas y no poniéndoles trabas, el Gobierno no debe hacer ni buenos ni malos negocios: directamente no debe hacer negocios. En resumen, se necesita más espacio para el desarrollo de las empresas y menos para la intromisión injustificada del Estado.

Nada de eso ocurre en la Argentina de hoy, lo que predomina es el mismo populismo de las últimas décadas. Cerrar los ojos ante la evidencia llevará a peores consecuencias.

El éxito depende de nosotros. Es tiempo de actuar.

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