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Opinión

El estratégico rol de los municipios.

Por Leandro López Koenig

Publicado en “Reflexiones Políticas II”, diciembre de 2012

Es muy común que el ciudadano promedio le otorgue poca relevancia a las elecciones para intendente y concejales; tal vez sea por la falta de difusión de las funciones del municipio y de las atribuciones que se le otorgaron en la Constitución reformada en 1994, con grandes avances en materia de regionalización y autonomía municipal.

Con respecto a la regionalización y la consagración de la autonomía municipal, en la mencionada  reforma constitucional de 1994, se introduce en el texto fundamental, la normativa necesaria para llevar a cabo un gradual y efectivo proceso de integración regional. En este sentido el artículo 75 inciso 24 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a “aprobar tratados que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supranacionales en condiciones de reciprocidad e igualdad”.

La integración provoca modificaciones, algunas sustanciales en aspectos que hacen a la distribución de la competencia entre la Nación y las provincias , pero también entre estas y los órdenes comunales, lo que conlleva a la consecuente remodelación y adaptación de las atribuciones locales. Los artículos 124 y 125 establecen que las provincias puedan crear regiones para el desarrollo económico social y les otorga capacidad para celebrar convenios internacionales en el logro de determinados objetivos. Los mencionados artículos 124 y 125 junto con el artículo 123, que reconoce y vigoriza la autonomía de los municipios, se fortalecen mutuamente.

El marco legal que da vida al régimen municipal argentino se encuentra en el artículo 5 de la Constitución, al reconocer el derecho de cada provincia a dictar sus propias constituciones bajo condición de administración de justicia régimen municipal y educación primaria. La reforma del 94 estableció la autonomía municipal en los aspectos institucional, político, económico, financiero y administrativo esto, se lo menciona en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que ya no solo determina a las provincias la organización de un régimen municipal sino que les exige que aseguren y garanticen la autonomía municipal.

Esto no sucede solo en la República Argentina. La dimensión de los gobiernos locales ha alcanzado un desarrollo extraordinario en el debate político-institucional a escala mundial. Si observamos con atención los episodios políticos en Europa, encontramos que en España ha habido un enorme debate y evolución hacia las autonomías, como se ve en el Estatuto de Cataluña. La conformación de la red de ciudades europeas conocida con el nombre de Eurocities, que busca dar mayor peso a los asuntos municipales en el contexto de la Unión Europea se enmarca dentro de este mismo fenómeno.

Si bien tradicionalmente en América Latina los municipios se han dedicado a brindar bienes y servicios relacionados con el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura urbana local, alumbrado y limpieza de las calles, a lo largo de los últimos veinte años la mayoría ellos ha asumido nuevas y crecientes responsabilidades, producto de los procesos de descentralización y de las crecientes demandas sociales.

Los gobiernos locales, por su proximidad, han sido más sensibles a los cambios sociales, económicos y tecnológicos y, en general, han demostrado mayor iniciativa y eficacia para dar respuestas.

Todos los programas de democratización han intentado acercar las decisiones públicas a los ciudadanos y esto hace posible un mayor control y responsabilidad de la gestión de gobiernos. El fortalecimiento del rol del municipio en la agenda de gobernabilidad apunta a este criterio, el cual debe ser complementado con una educación que busque reforzar y difundir los principios de una sociedad abierta . Allí los ciudadanos, más que en ningún otro ámbito, puede evaluar la correspondencia entre los impuestos que pagan y la calidad del servicio que reciben.

Es importante comentar que la descentralización no es solamente una estrategia para disminuir la influencia del Estado (mediante la reducción de su tamaño y costo tributario); es también un instrumento para aumentar la participación con el fin de lograr una mayor proximidad entre las decisiones políticas o administrativas y el interés o bienestar de los ciudadanos. La descentralización debe estar orientada a otorgarle mayores grados de libertad al ciudadano, nunca una descentralización que signifique llevar el poder de decisión a un nivel inferior en multiplicación de potestades estatales. No se trata de “extender” el poder, sino de “distribuir” el ya existente a niveles que resulten de más fácil control para el ciudadano. Un ejemplo claro de lo que queremos evitar se produce en Rusia, donde si bien existe una alta descentralización, la misma ha servido para multiplicar los ámbitos de corrupción.

Debe quedar claro entonces que la descentralización hacia mayores niveles de autonomía y decisión ciudadana debe ser acompañada por una desregulación que haga más eficientes los servicios, elimine nichos de corrupción –generados por la centralización y la propia regulación– y garantice el ejercicio de los derechos económicos y políticos.

En la Argentina, los avances no han sido homogéneos, ya que existen municipios que lo hicieron en nuevas funciones, otros que han incursionado sólo en algunas de ellas y finalmente existen algunos que siguen prestando únicamente los servicios tradicionales.

En el caso del municipio de Neuquén todo indicaría que a medida que pase el tiempo deberá desarrollar nuevas e importantes atribuciones. Decimos esto por el considerable crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad capital y, por otra parte, por una serie de temas que estaban fuera de la agenda municipal y han ganado terreno en este ámbito en los últimos años. En caso de avanzar hacia nuevas funciones, la mejor opción sería -descentralizando y desregulando- porque la consecuencia natural de aglomerar enormes urbes centralizadas y reguladas no sólo es la mala asignación de recursos, sino también un intolerable grado de contaminación que afecta a los ciudadanos de hoy y del mañana. El decaimiento del nivel de vida y de las perspectivas de los habitantes de la ciudad será su consecuencia natural.

Toda política pública es a imagen y semejanza de la clase dirigente que la lleva adelante. Si ésta es escasamente preparada y permeable a las demandas de los grupos más organizados con más poder de lobby, será en vano esperar de esas políticas públicas transparencia, independencia y profesionalismo. Y esto es importante en el caso de la ciudad de Neuquén, dado que el gobierno municipal junto con el provincial, para mejorar su eficacia y no esperar que la resolución de problemas se digite desde Capital Federal, deberán trabajar en temas de enorme urgencia que van, a modo de ejemplo, desde loteos accesibles a crear un marco institucional estable y “amigable” para atraer más inversiones a la ciudad , hasta generar un sistema fiscal  responsable para que el gasto público resulte financiable sin convertirse en confiscatorio.

Debemos ser realistas en que para que los objetivos mencionados se concreten eficientemente  resulta necesaria una reforma urgente en el régimen de coparticipación federal actual, ya que en estas condiciones que ha impuesto el gobierno kirchnerista resulta imposible la autonomía real de las provincias y mucho menos de los municipios. La Argentina, que se ubicó entre las naciones más prosperas del mundo y como faro de la libertad para millones de inmigrantes, nació con federalismo fiscal e independencia de los gobiernos provinciales respecto al gobierno central, pero las ideas de redistribución solidaria, emergencia económica e intervencionismo estatal que el kirchnerismo acentuó más que nadie a lo largo de su gestión, eliminaron el federalismo político mediante la concentración de los recursos impositivos en la Nación. Muchas veces vemos obras que inaugura algún representante del gobierno nacional en alguna provincia y se la presenta como si fuese un aporte solidario de nación, cuando en realidad esta se financio irónicamente con recursos provenientes de la provincia donde se va a realizar la obra pública.

A modo de conclusión no tengo dudas que el municipio y el Concejo Deliberante serán un lugar central para la solución del complejo escenario que viene; los problemas a tratar no encontrarán respuesta en discursos demagogos, ni en citas del Himno provincial o en atribuirse para sí el monopolio de lo neuquino; menos todavía en la obediencia ciega al gobierno de turno. Las soluciones sólo provendrán de personas dispuestas al trabajo, con preparación y conocimientos sólidos, que conozcan los temas desde un tiempo razonable y no en forma liviana por circunstancias electorales.

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