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Opinión

Apuntes para una nueva política agropecuaria nacional

Por Jorge Srodek

Publicado en “Reflexiones Políticas II”, diciembre de 2012

Para el desarrollo exitoso de cualquier política industrial es necesaria la participación del Estado con el propósito de permitir y garantizar un correcto funcionamiento de la economía pero evitando generar distorsiones negativas.

Sin embargo, el modelo económico kirchnerista que desde hace años impulsa el Gobierno Nacional pareciera desatender ésta regla básica del funcionamiento de la economía entendiendo la intervención como un proceso que tiene como único fin alcanzar el control absoluto de las fuerzas productivas y del mercado para luego torcer y manipular los factores para su conveniencia de corto plazo.

Hace años que la Argentina abandonó la planificación económica basando casi todas las decisiones en cuestiones coyunturales, reaccionando tarde a las señales de agotamiento del modelo y muchas veces profundizando políticas que han destruido industrias hasta el punto de hacer peligrar la existencia de algunas actividades.

De ninguna manera la política económica debe ser abandonada a la merced de las reglas del mercado, pero la intervención del Estado a través de sus políticas debe apuntar a establecer el funcionamiento económico y debe centrarse en alcanzar cambios estructurales y procesos de estabilización. Esto debe darse fijando límites a la intervención para evitar la manipulación y el fracaso como resultado de una intervención excesiva.

Una política agropecuaria debe suponer entonces actuaciones sobre el funcionamiento de los mercados, incluyendo la reglamentación para el acceso al mercado, las características de la producción, la política comercial y la política de competencia buscando siempre potenciar el crecimiento de la producción en lugar de intentar manejarlo.

La política agroindustrial deberá responder a requerimientos sectoriales, regionales y empresariales específicos y a la necesidad de cada proceso productivo. Para generar la previsibilidad necesaria y la certidumbre requerida para favorecer las inversiones, las políticas de Estado deben ser sensatas y pensadas para el largo plazo.

La reducción de la incertidumbre debe ser entonces uno de los principales objetivos de una política agropecuaria. Es responsabilidad del Estado el proporcionar un marco macroeconómico consistente para el desarrollo del sector agropecuario, interviniendo pero de manera virtuosa sin generar distorsiones negativas.

El sector agropecuario: el motor de crecimiento no puede ser el enemigo

A partir del año 2005, cuando el Gobierno Nacional comenzó con la intervención de los mercados de carne, no ha cesado el avance por controlar todos los aspectos referidos a la producción agropecuaria.  A tal punto que la intervención en los mercados, el cierre de las exportaciones y el aumento de la carga impositiva sobre el sector han obstaculizado el crecimiento pleno del sector.

Los productores agropecuarios han estado bajo el constante ataque del kirchnerismo desde hace años,  a tal punto de ser considerados como enemigos por el Gobierno y sufrido persecuciones de todo tipo. Lo que el Gobierno Nacional no reconoce es que si algo ha permitido que su modelo económico no colapse, esto ha sido el esfuerzo del sector agropecuario y de los productores.

Entonces, para el establecimiento de una política agropecuaria exitosa, el kirchnerismo debe dejar de concebir al campo como su enemigo y pasar a considerarlo como lo que verdaderamente es: un importante motor de crecimiento para el país, el principal generador de divisas y empleo y líder en innovación y desarrollo tecnológico.

Participación: economía y política

Para que la Argentina alcance el potencial que sus recursos humanos y naturales ofrecen, es necesaria la participación de todos los sectores económicos y sociales en la planificación de las políticas de Estado.

Esto debe darse en el marco de la Democracia, a través de las organizaciones gremiales, las asociaciones de profesionales, y también a través del sistema de partidos. Si los productores agropecuarios no encuentran la manera de poder organizar su participación, definiendo una visión estratégica para el sector y participando activamente del debate público; el camino hacia una política agropecuaria nacional es inconcebible.

La política debe ayudar a la coordinación del cambio económico, a fomentar la experimentación y a preservar la diversidad. El evidente problema de países como la Argentina no es tanto su escasez de recursos sino su falta de capacidad para utilizarlos adecuadamente. En el presente, tanto como en el pasado, se evidencia una importante dificultad para combinar convenientemente los recursos públicos y privados.

Para facilitar la modernización de la industria alimentaria el gobierno debe desarrollar una estrategia industrial en cooperación con el sector privado y para ello, el sector privado debe tener bien claro cuáles son sus perspectivas y necesidades para el desarrollo y el crecimiento sostenido. Por ello, para la generación de una política agropecuaria nacional exitosa, la participación de todos los actores involucrados debe darse de manera armoniosa, generando consensos y teniendo por sobre todas las cosas, una mirada de largo plazo.

Conclusiones

La participación del Estado en la economía debe tener entonces el propósito de potenciar e incentivar la producción, la exportación, la investigación, la innovación, la especialización y el desarrollo industrial; acompañando y profundizando la industria existente a través de la introducción de mejoras tecnológicas en los productos y procesos dentro de ellas, ingresando en nuevas actividades, incrementando el contenido local, y dominando tareas tecnológicas más complejas y exigentes. Se trata básicamente de apuntar a realizar cambios dentro de una estructura preexistente y ajustes dentro de procesos ya implementados. 

Actualmente en Argentina la intervención del Gobierno Nacional en la economía ha generado distorsiones que en muchos sentidos ha transformado la actividad agropecuaria en una actividad de alto riesgo. Sobre todo es preocupante la falta de institucionalidad, de previsibilidad y la ausencia completa de reglas claras en cuanto a las condiciones económicas que los productores afrontan.

El sector agropecuario ha sido, y sigue siendo, el principal perjudicado por las políticas del Gobierno kirchnerista y con ello se perjudica a todo el país y a todos los argentinos.

Es sabido que si no nos ocupamos de la política, tarde o temprano la política se ocupará de nosotros.  Esto seguirá ocurriendo en la medida que la ciudadanía no se involucre, desde el lugar que elija, y no se comprometa en la elección del rumbo que queremos para nuestro país.

Es necesario establecer una política agropecuaria nacional, que considera una intervención virtuosa del Estado en la economía para garantizar previsibilidad, con la participación de la ciudadanía en los lineamientos de las políticas económicas, dejando de lado la confrontación y comenzando a trabajar por retomar la senda del crecimiento.

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