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Opinión

Recuperar la vigencia plena de la República Federal

Por Pablo María Garat

Publicado en “Reflexiones Políticas I”, diciembre de 2011

Breve reflexión a modo de diagnóstico

La Argentina exhibe hoy demasiados diagnósticos. Sin embargo no podemos obviar alguna reflexión descriptiva a modo de exordio.

En primer lugar una enfática afirmación como punto de partida: las evidentes falencias de nuestra dirigencia política y social y el consiguiente resquebrajamiento de toda la organización institucional de la que trabajosa y dolorosamente el país trata una vez más de salir, no puede ser imputada exclusivamente a los grupos dirigenciales que configuran la llamada “matriz de poder”.

Se trata de algo más profundo y que tiene que ver tanto con la perdida de los fundamentos básicos de la cultura cívica y política como con la crisis de nuestro sistema educativo.

El problema de las instituciones es un problema cultural por ende vinculado a la educación del hombre en su entorno social; hace a las costumbres y convicciones que una sociedad constituida como tal no discute: la familia como sujeto de las políticas de estado; el régimen local como la base de la organización política; la administración pública como servicio de mérito; la ley como necesidad para la concordia política y social; el impuesto como obligación cívica; la propiedad como motor de la economía: la justicia y equidad en la distribución como exigencia del Bien Común y la paz social; la moral y la religión  como límite de las conductas; la defensa de la soberanía y el interés nacional como requisito ineludible de todo consenso político y social. Sin acuerdo práctico sobre todo ello no hay sociedad posible.

El ejercicio del poder sobre y al servicio de sí mismo, en los países llamados “desarrollados”, es moderada o contenida por tres elementos: una  organización judicial que no solamente asegura la  vigencia efectiva de la ley sino la  administración de justicia en forma razonablemente rápida; sólidos poderes locales o regionales  que contienen y obligan a la dirigencia política nacional, particularmente en razón de los sistemas electorales, y una administración pública más o menos meritocrática que impide el clientelismo excesivo o la actuación en contra del interés nacional.

Todo ello asegura el respeto a la ley, a la propiedad, a las libertades concretas, la mínima relación entre gobernantes y gobernados y el funcionamiento de las instituciones básicas de la sociedad al servicio del Bien Común Nacional.

Pero en pleno siglo XXI, con un cambio de era en el cual el hombre, inmerso en la “sociedad de la información” y la internacionalización de casi todas sus relaciones a través de la “web” se acerca y aleja mas que nunca al otro - en una paradoja de la comunicación y el ensimismamiento que conmueve fuertemente todo análisis político, económico, social y cultural- tales valores y principios se encuentran también sometidos a una prueba constante acerca de su solidez y permanencia.

El hombre es hoy un ser condicionado y atacado.

La sociedad en la que necesariamente debe con-vivir para alcanzar su fin y su desarrollo pleno está enferma. Porque el hombre está enfermo y porque a su vez lo enferma, en un círculo vicioso que se agrava.

Sociedad enferma de centralismo político; concentración económica ; individualismo ; ruptura del tejido de relaciones sociales ; masificación en grandes urbes y despoblamiento del interior del país ; pérdida del arraigo ; desvitalización de la vida municipal ; raquitismo de la vida provincial y regional ; desinterés respecto del compromiso de la participación cívica ; alienación y embrutecimiento por la influencia de los medios de comunicación y el crecimiento explosivo de la llamada "sociedad de la información" ; transformación de las sociedades intermedias en grupos de presión ; canibalismo social ; exclusión y marginalidad de amplios sectores desprotegidos de la comunidad.

Se habla permanentemente de los derechos humanos y el hombre desarraigado ; masificado ; manipulado y marginado, carece realmente de sus derechos más elementales.

Frente a esto, lo más grave: denunciado este cuadro por todos los sectores, desde la perspectiva religiosa, política o intelectual; admitido este diagnóstico por toda la dirigencia local, nacional y aún por los organismos internacionales en sus informes oficiales, se sigue privilegiando lo urgente sobre lo importante, al proponerse como remedio el ataque a los efectos y no a las causas cuando justamente en esto radica hoy la mayor de la urgencias para recuperar al hombre en su dimensión trascendente.

Una respuesta posible

¿ Y cuál es la clave para afrontar este cuadro ?

Creemos que consiste primero en respetar la naturaleza de las cosas. El hombre necesita ejercer sus libertades concretas en los ámbitos propios: la familia, primera comunidad social ; el municipio, como familia de familias ; la economía local como escenario natural para el desarrollo del trabajo humano.

Por otra parte, las dirigencias que la sociedad requiere no surgen espontáneamente de las universidades prestigiosas. Son consecuencia de un largo proceso educativo y formativo de base familiar y social.

Un verdadero dirigente es un hombre con raíces; sentido de pertenencia y compromiso con la vida cívica de la comunidad en la que se ha desarrollado.

Entonces: la familia y el municipio constituyen el escenario para la recuperación del hombre como ser libre y trascendente y para la promoción de un auténtico orden social al servicio del Bien Común.

La familia necesita salvar las raíces y fortalecerse a partir de ellas.

 Se trata también de entender el arraigo como un valor existencial absolutamente estratégico en la perspectiva política del siglo XXI, en el que la población arraigada constituye el primer requisito para la integridad territorial de una Nación.

La familia requiere la vigencia de las libertades concretas en su ámbito propio: la vida local. Entonces producirá sus frutos como educadora y promotora del auténtico desarrollo.

La familia necesita del municipio y este se sostiene en sus familias.

Así, la familia arraigada es la familia con acceso a la propiedad, educadora, generadora del trabajo y la vida económica local, y formadora de dirigencias auténticas, desde cada municipio del país. Y esto aún en las grandes urbes, donde la vida municipal se encuentra latente y en proyección, en cada barrio de estas ciudades.

Al concepto " pensar en lo global y actuar en lo local " acuñado a fines de los 90 se agrega ahora el de fortalecer el municipio y promover el desarrollo local para reintegrar socialmente a los excluidos por los vientos de la globalización.

Igualmente, la revalorización de la educación como supuesto indispensable del desarrollo; el nuevo paradigma ambientalista ; el freno al crecimiento de las grandes urbes y la preservación del hombre y la familia de los riesgos crecientes derivados de la explosión de la "sociedad de la información", no se encuentran por casualidad en el discurso de los organismos internacionales y toda la intelectualidad internacional a derecha e izquierda.

En conclusión, por convicción en el destino trascendente del hombre como ser libre, social y político por naturaleza, o por necesidad frente a las consecuencias palpables de la sociedad de masas y la globalización, deben considerarse la familia, el municipio y el desarrollo local como los ejes de todo proyecto de recuperación y fortalecimiento de la sociedad.

Frente a ello existen dos opciones prácticas: actuar sobre los efectos, tratando de paliar los mismos en un espacio concreto y respecto de una materia específica. Dicho de otro modo: la solución “asistencialista” a ultranza.

O bien promover y fortalecer una conciencia y una acción cívica – común a todas las fuerzas políticas y sociales- que, a su vez, promueva y apoye una transformación integral de los municipios y sus gobiernos locales, operando sobre las causas y generando, por lo tanto, una modificación permanente, ejemplar y difusiva sobre los efectos negativos descriptos,  en todo el cuerpo social”

Pero la familia y el municipio, si bien constituyen las bases naturales da la vida social y política, no agotan esta doble dimensión del hombre que por su sociabilidad y politicidad requiere la reducción a la unidad del Bien Común Político.

Entre nosotros esto remite a nuestro régimen político tradicional que requiere su actualización con fidelidad a sus principios fundamentales históricamente verificables.

Se trata de la recuperación y fortalecimiento de la familia y el municipio como bases de la república federal.

Recuperar la República Federal

Y esto es lo importante. Por ello hoy la mayor de nuestras urgencias es atender lo importante.

Entonces cabe recordar que ell federalismo es aplicación constante del principio de subsidiariedad  en sus dos sentidos : como respeto de la libertad del nivel más pequeño (lo que constituye verdaderamente acercar la decisión al destinatario de ella) y como acción subsidiaria (solidaria) cuando ese nivel, por causas objetivas no puede ejercer plena y eficazmente sus libertades y facultades (para atender las necesidades a su cargo).

Haber adoptado la república federal significa fundamentalmente constituir una organización política donde el ejercicio del poder del Gobierno Federal en todas sus funciones y ramas se apoya particularmente en la diversidad de nuestras provincias, tanto las fundacionales como las que se constituyeron después sobre los territorios nacionales.

Esto tiene corolarios muy concretos que no se han respetado: el sistema electoral nacional debe asegurar la vinculación estrecha entre distrito y representación; la actividad legislativa no puede hacer prevalecer los intereses de partido sobre los de las diversas regiones o grupos naturales de provincias; el Senado de la Nación tiene una responsabilidad esencial en la participación de las Provincias en el Gobierno Federal, especialmente en la definición de las políticas de Estado que en nuestro caso debe contemplar especialmente los intereses de la Nación en su conjunto tanto como las de cada una de sus partes; el ejercicio del Poder Ejecutivo por parte de un hombre de Provincia no garantiza de sí el respeto a la república federal si todo lo anterior no se verifica en la realidad política concreta, formal y material.

Nuestro sistema de partidos políticos es un sistema cerrado y funcional al “clientelismo”.

Nuestros sistemas electorales, por otra parte, se corresponden con ello. Por esto es necesaria una reforma profunda. Es necesario fortalecer los procesos de selección y elección de las autoridades políticas desde la base local con criterio y sentido federal. Es indispensable recurrir a sistemas abiertos, de participación amplia, que vinculen al elector con el elegido. De otro modo no se superará el actual desprecio por "los" políticos que ha llevado al descrédito de "la" Política. Depende entonces de recuperar el aprecio hacia los políticos para que se recupere también el crédito del ciudadano hacia la Política. Para ello urge la modificación de las leyes de partidos políticos y electorales en base a presupuestos mínimos como los expuestos.

Por otra parte, entre nosotros la verdadera moderación (por histórica y realista) del presidencialismo es el federalismo.

Es que nuestro presidencialismo es la consecuencia de la institucionalización del “primus inter pares”.

Esto lleva a propiciar:

  1. la limitación de competencias del Gobierno Federal a las mínimas y necesarias para cumplir sus funciones que hacen a la unidad y el interés nacional.
  2. La adopción de políticas coordinadas a través de Consejos federales sin intervención del Gobierno Federal salvo como árbitro.
  3. La limitación de las fuentes fiscales del Gobierno Federal a sus necesidades y la reforma tributaria consecuente.
  4. La reforma del Senado: elección de base popular territorial abierta limitando al máximo la influencia de los partidos políticos y en fechas distintas a toda otra elección. Organización interna con predominio del criterio regional antes que partidario.
  5. El establecimiento de un Consejo de Estado Federal integrado por todos los Gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con función consultiva obligatoria y vinculante en las materias de interés federal sobre competencias concurrentes.

Si la finalidad de la organización nacional fue preservar la unidad en la diversidad, a través de la forma de Estado Federal, éste es el fin a tutelar.

Solamente a partir de un reordenamiento conforme al orden jurídico constitucional de las competencias a todos los niveles es posible  debatir seriamente la distribución de las fuentes tributarias, la reforma integral en la materia y el llamado sistema de coparticipación que, además, se encuentra directamente vinculado con la necesidad de promover y alcanzar un desarrollo de provincias y regiones con equidad, como lo establece el artículo 75, inciso 2 y 19 de la Constitución Nacional. Por otra parte, antes de poder acordar un nuevo sistema de distribución de recursos coparticipables o ley convenio de coparticipación, debe resolverse cómo se financia el sistema previsional nacional. De lo contrario no abandonaremos el “laberinto de la coparticipación” en el que nos encontramos desde 1992, y por el cual cada vez que ha hecho falta atender con más recursos el déficit previsional se ha echado mano constitucional o inconstitucionalmente a los recursos coparticipables propiedad de las Provincias.

Sin pretender agotar una agenda básica, el escenario del desempleo y la desocupación exige otro protagonismo de los gobiernos locales. En este sentido las reformas pendientes no solo deben encararse como transformaciones administrativas sino como verdaderas estrategias de fortalecimiento de los gobiernos provinciales y municipales para la promoción del desarrollo local y regional desde la base institucional de la sociedad.

Desde la perspectiva del buen gobierno, es necesario acordar, antes que un  “pacto federal de austeridad” (que resulta deseable) un verdadero acuerdo federal para concretar una reforma de la Administración Pública a todos los niveles que asegure en el corto y mediano plazo la organización de un servicio civil de mérito con base en la carrera administrativa. Hablamos de formación y capacitación permanente de los recursos humanos, promoción objetiva de los mejores, escalafones de mérito, capacitación permanente y justas retribuciones. Hablamos de vincular dos principios de la Constitución Nacional: el de la estabilidad del empleo público con el de la idoneidad para acceder y mantenerse en el mismo.

Concomitamtemente con ello y desde una visión integral y moderna del Presupuesto como expresión financiera del Plan de Gobierno resulta pertinente señalar que en la actualidad discutir las transformaciones del Estado -a cualquier nivel-, supone responder a tres preguntas claves que implican una concepción del mismo: ¿Qué actividades debe realizar?; ¿Quién decidirá respecto de ellas y en  orden  a su ejecución? y ¿Dónde se las va a desarrollar?.

A ello se debe agregar que, por existir tres niveles de gobierno, y un cuarto, la región que, si bien no constituye un nuevo nivel gobierno, representa un ámbito institucionalizado de relación interjurisdiccional, la coordinación entre ellos resulta esencial para que pueda aspirarse a un razonable nivel de éxito en las transformaciones propuestas.

En definitiva, estamos hablando de modificar el proceso de toma y ejecución de decisiones del gobierno, a fin de asignar los recursos a la satisfacción de las necesidades (expresadas por un correcto sistema de información de base territorial), coordinando las competencias propias de cada nivel dentro del Estado Federal.

Para concluir esta breve colaboración al debate sobre el futuro de la Nación Argentina en el siglo XXI, creemos que lo primero es no dudar en cuanto a que de esto no se sale con más de lo mismo, ni siquiera con el mejor catálogo de buenas intenciones.

Se trata de producir un hecho político arquitectónico colectivo que, como otras veces en nuestra historia, preserve la Patria como herencia, esta vez entre los dos Bicentenarios que enmarcan su presente y comprometen a nuestra generación en su preservación hacia el futuro.

Y ello no puede sino consistir en un cambio profundo en las conductas públicas y su reflejo en la obra colectiva de gobierno y comunidad.

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