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Opinión

Los desafíos de la política económica 2012-2015

Por Luciano Laspina

Publicado en “Reflexiones Políticas I”, diciembre de 2011

1. Introducción

Este trabajo es un aporte al diagnóstico de los principales problemas y desafíos económicos que enfrentará la gestión iniciada en diciembre de 2011. Es, también, un intento de realizar un balance de la actual estrategia de política económica, con sus luces y sombras, para identificar las raíces de los problemas actuales como forma de avanzar en las soluciones futuras y evaluar los márgenes de acción con los que asumirá el próximo gobierno.

El próximo presidente enfrentará una economía con desafíos inminentes en el campo macroeconómico y enormes asignaturas pendientes en el campo del desarrollo económico. En lo macro, recibirá una economía totalmente distinta a la que encontró la Administración Kirchner en el año 2003. El escenario de baja inflación estructural y altísimo desempleo ha mutado, varios años después, a uno de bajo desempleo con presiones inflacionarias inerciales. Encontrará un sistema de precios y tarifas cuya normalización deberá ejecutarse en un contexto en que cada punto adicional de inflación dolerá mucho (por su impacto en la inflación y la pobreza) y en que cada peso destinado a financiar una estructura de numerosos y crecientes subsidios desplazará importantes demandas de gasto social.

En materia fiscal han desaparecido los 5 puntos de superávit fiscal consolidado que fueron récord allá por el año 2004. Las provincias, que fueron parte de la solución en los últimos años, son ya parte del problema. Finalmente, la normalización de las relaciones financieras internacionales requerirá comenzar a desplegar un atisbo de solución para los acreedores privados y oficiales.

En el campo del desarrollo económico encontrará casi todo por hacer. Una economía con una tasa de inversión insuficiente para sostener un crecimiento de largo plazo superior al 5%, con limitada capacidad de ahorro doméstico y baja participación del ahorro y la inversión externos. Más importante, recibirá una economía que -aún en tiempos de crecimiento y cercana al pleno empleo- registrará todavía altísimos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad laboral.

El próximo presidente deberá asumir con un diagnóstico realista: aunque el mundo siga acompañando como pocas veces en la historia, su administración no navegará la virtuosa ola de la transición, sino que deberá moldear y administrar los nuevos equilibrios. Deberá acertar en la elección del rumbo económico y trabajar en la construcción de una nueva institucionalidad que intente moderar la incertidumbre que hoy invade el horizonte.

El desafío político del próximo presidente será levantar la mirada de la coyuntura. Para esto se requiere un diagnóstico preciso de los problemas, y soluciones que ya no deberían ser coyunturales e individuales, sino estructurales e integrales.

2. Un balance de la actual estrategia

La crítica central a la estrategia económica de los últimos años puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, el desprecio patológico por cualquier principio de racionalidad microeconómica, que se tradujo en pésimas señales de precios e incentivos para la variedad de sectores alcanzados por regulaciones del gobierno. Segundo, un conjunto de políticas macroeconómicas que, detrás de una bonanza externa sin precedentes, ocultaron un sesgo extremadamente procíclico. Una situación que sólo se hizo evidente al momento de enfrentar la fase recesiva del ciclo internacional en 2008-2009.

Las políticas macroeconómica y microeconómica no fueron piezas independientes, sino parte de una estrategia integral. La represión de precios y tarifas a nivel microeconómico operó como un elemento compensador de la falta de políticas macroeconómicas contracíclicas. Una forma rústica de moderar desde “la micro”, las presiones inflacionarias y la apreciación real que se estaban alimentando desde “la macro”.

La política fiscal tuvo y tiene un sesgo extremadamente procíclico. En términos simples, esto implica gastar mucho de los recursos extraordinarios que se generan en un período de bonanza, con la ilusión de que éste nunca termine. Lo malo de ser procíclico en la fase expansiva, cuando se recauda más y se gasta mucho, es que obliga a serlo en la fase negativa del ciclo, cuando se recauda menos y se debe gastar mucho menos.

La política fiscal llevó la presión tributaria y el gasto público a niveles récord. Pero esto se hizo sin una mejora aparente en la calidad de los servicios básicos que presta el Estado, sin una reducción sostenida de la pobreza estructural (particularmente en los últimos dos años) y generando un déficit creciente en materia de infraestructura básica.

En el altar de la política cambiaria se sacrificó la política monetaria. El BCRA sublimó el objetivo cambiario y resignó totalmente el objetivo inflacionario a manos de herramientas de dudosa efectividad. Esta estrategia puso en riesgo una enorme oportunidad histórica de recrear una moneda nacional y de construir (con costo nulo en términos de actividad y empleo) una reputación anti-inflacionaria desde el Banco Central.

Así se desaprovechó un escenario inmejorable para introducir mayores grados de flexibilidad cambiaria, como paso previo a una política monetaria más activa e independiente. El golpe jurídico y contractual que implicó la pesificación de 2002 pulverizó el problema de descalce de monedas en los balances. La dolarización prácticamente había desaparecido de los balances de las familias y las empresas y se había reducido drásticamente en el propio gobierno, dejando servido un requisito clave para una flotación cambiaria razonable. Por si esto fuera poco, las expectativas inflacionarias eran insólitamente bajas a la salida de la crisis, todo lo cual habría permitido al Banco Central mantener la inflación bajo control con reducidos costos en términos de crecimiento y empleo.

La reaparición del fenómeno inflacionario y las dificultades legales (prohibición) y operativas (INDEC) para indexar contratos fueron frenando un novedoso proceso de profundización de los mercados de deuda en moneda local que disfrutó Latinoamérica en los últimos años. Brasil es un caso elocuente, pero hay otros. Cuando la crisis externa desnudó las fragilidades internas, la estatización de los fondos previsionales en 2008 terminó por sepultar las chances de una recuperación del mercado de capitales en moneda local.

La fortaleza del contexto externo permitió subestimar por mucho tiempo las medidas requeridas para enfrentar un eventual escenario adverso. Básicamente, la recomposición de fuentes alternativas de asistencia financiera y la resolución de los problemas que impiden un acceso regular a los mercados de deuda. Hacia fines de 2008, esta situación fue salvada con medidas de emergencia para utilizar los recursos disponibles en la ANSES y el Banco Central. Como se verá, la estrategia de financiamiento mediante las cajas públicas no está exenta de riesgos -en particular inflacionarios, cuando se trata del Banco Central- pero también ha permitido una reducción sustancial de la deuda pública en poder del sector privado que mejora su percepción de liquidez y solvencia bajo condiciones normales. Esto también será parte del legado que recibirá la próxima administración.

Como suele ocurrir, los costos sólo se hicieron evidentes cuando Argentina comenzó a alejarse del club de los países latinoamericanos que aprovecharon el contexto externo para consolidar sus instituciones económicas. En estos años, muchos países vecinos lograron el “grado de inversión” en sus calificaciones de deuda, comenzaron a crecer sólidamente con baja inflación, desarrollaron los mercados de capitales en monedas domésticas, bajaron el costo del capital y aumentaron el acceso al crédito para sus empresas y gobiernos, mantuvieron elevada la inversión extranjera directa y lograron progresos sustanciales en materia energética y mejoras sostenidas en sus indicadores sociales y de inseguridad.

2.1    El modelo económico 2003-11
El principal eje de la estrategia de política económica aplicada desde el año 2004 fue la política de sostenimiento del tipo de cambio nominal y real. Con excepción de un breve período de flotación hasta fines de 2003, la política económica tuvo como objetivo fijar el tipo real de cambio en un nivel bien por encima del “equilibrio de mercado”. Por nivel de equilibrio de mercado entendemos aquél que existiría en ausencia de: intervención cambiaria, esterilización monetaria, impuestos a las exportaciones, subsidios, congelamientos tarifarios y controles de precios y salarios. Esta estrategia le permitió al gobierno alcanzar cuatro objetivos simultáneos:

1.         Empujar el PIB por encima de su capacidad potencial.
2.         Subsidiar las industrias sustitutivas de importación y las exportaciones no tradicionales.
3.         Generar un superávit comercial.
4.         Producir un superávit fiscal.

La pregunta es cómo una situación de desequilibrio pudo persistir por tanto tiempo. En otras palabras, qué impidió al tipo real de cambio apreciarse más rápidamente en presencia de superávits de cuenta corriente y exceso de demanda en muchos sectores. Hay cinco razones, en nuestra visión, la mayoría exploradas a lo largo de este trabajo. Las primeras cuatro son:

  1. La intervención cambiaria esterilizada. Esta política combina las compras de dólares en el mercado para evitar una apreciación del tipo de cambio nominal y el uso de instrumentos monetarios (letras del Banco Central, requisitos de liquidez, etc.) para controlar el crecimiento de la oferta monetaria y, por tanto, de los precios.
  2. El superávit fiscal. El superávit fiscal fue una importante fuente de absorción de base monetaria hasta el año 2008. En el período 2003-2008 las operaciones del sector público esterilizaron un 22% de la emisión monetaria generada por la intervención cambiaria. Esto se revirtió sustancialmente desde 2009, cuando el BCRA comenzó a ser la principal fuente de financiamiento del Tesoro Nacional.
  3. La existencia inicial de una elevada capacidad excedente. A la salida de la crisis, la brecha entre el producto efectivo y el potencial rondaba los 20 puntos porcentuales. Este escenario permitió crecer por encima de la tasa potencial de largo plazo, aumentar significativamente la recaudación tributaria y sostener un elevado superávit fiscal, a pesar de una política de gasto extremadamente expansiva. Hacia 2007, cuando la brecha de producto había desaparecido completamente, los impuestos ligados al nivel de actividad (impuestos al consumo, IVA-DGA, Ganancias y Seguridad Social) y el gasto primario habían crecido ambos casi 6 puntos del producto desde 2001.
  4. La devaluación del dólar en el mundo. Este factor exógeno explicó la sostenida depreciación del tipo real de cambio multilateral, aún en presencia de apreciación real bilateral respecto al dólar.

Sin embargo, la intervención del gobierno para sostener el tipo real de cambio no se limitó a estas cuatro herramientas que podríamos denominar “genuinas”. Un conjunto de políticas de ingresos buscaron reducir la tasa de inflación mediante subsidios directos e indirectos a los “bienes salarios”, tratando de moderar las demandas salariales. Estas políticas incluyen:

  1. Retenciones a las exportaciones. Estas afectan particularmente a la carne, la leche, la nafta, los cereales y oleaginosas, el aceite vegetal, la mayoría con peso relevante en la canasta básica de consumo. Aunque el efecto de las retenciones es producir una baja del precio doméstico, en ocasiones no son suficientes y el gobierno debe recurrir a restricciones adicionales (prohibición de exportación de carnes y gas natural, por ejemplo) para aumentar su efectividad.
  2. Acuerdos de precios con productores y cadenas de comercialización y subsidios directos a la oferta. Desde el año 2005, muchos “bienes salario” han estado sujetos a distintos tipos de acuerdos producto de múltiples presiones desde el Poder Ejecutivo.
  3. ongelamientos tarifarios y subsidios. La decisión de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte), particularmente aquellas cargadas al segmento minorista, obligó al gobierno a subsidiar los costos directamente desde el Presupuesto, sustituir inversión privada por pública en estas áreas, e importar aquellos bienes con problemas de oferta (particularmente en el mercado energético).

Así, el sostenimiento de una moneda débil (un tipo real de cambio elevado) en buena medida fue fruto de mayores retenciones a las exportaciones, enormes subsidios presupuestarios a la energía y el transporte, y controles más o menos efectivos de precios, salarios y tarifas. La dificultad de haber abusado de las herramientas de control de precios y tarifas es que han generado un severo problema de precios relativos que está provocando una escasez creciente de los bienes y servicios alcanzados por regulaciones y controles y, por lo tanto, un escenario de presiones inflacionarias subyacentes. La reciente estampida del precio de la carne es un ejemplo elocuente.

Los desajustes tarifarios no sólo provocaron la aparición de “cuellos de botella” en varios sectores clave, sino que crearon un escenario de “inflación reprimida”. Es políticamente impracticable ajustar las tarifas hasta los niveles que igualan los costos marginales de producción sin gatillar un reacomodamiento de otros precios y un ajuste adicional de los salarios en la economía. Esto sería equivalente a decretar una revaluación cambiaria inmediata o (si opera una devaluación compensatoria) una aceleración de la inflación.

También han resultado en un debilitamiento de la situación fiscal. Existe un vínculo estrecho entre la estrategia de sostenimiento del tipo real de cambio, los congelamientos tarifarios y la política fiscal que se reflejan en la constante expansión de los subsidios (aproximadamente 4 puntos del producto) y explican buena parte de la erosión fiscal en el período 2005-11.

A pesar de los esfuerzos por evitar la apreciación de la moneda, el tipo real de cambio se ha venido apreciando vía inflación, sembrando las semillas de la inercia inflacionaria y la indexación de la economía. Esto plantea uno de los principales problemas a resolver en el futuro: si la inflación persiste y las autoridades tratan de recuperar competitividad mediante nuevas devaluaciones del tipo de cambio, podrían acelerar la tasa de inflación. Las devaluaciones nominales son estériles en un contexto de bajo desempleo y elevadas expectativas inflacionarias como el que hoy existe. Si, en cambio, el gobierno deja apreciar excesivamente el tipo real de cambio, terminará exprimiendo la rentabilidad de los sectores transables (agro e industria). Si esto ocurre también en el sector agroindustrial, el efecto será un déjà vu del siglo pasado, cuando Argentina estuvo a punto de “matar la gallina de los huevos de oro”.

El intento por sostener la moneda en niveles competitivos es legítimo como estrategia de política económica y aquí no está en discusión. Pero la vocación por un tipo real de cambio competitivo debe estar acompañada de políticas consistentes. Lo que aquí está en debate es la sostenibilidad de un modelo basado en la fijación de un tipo real de cambio artificialmente alto, apoyado en una fuerte intervención gubernamental. La acumulación de distorsiones de precios relativos, el aumento de la tasa de inflación, las demandas salariales nominales crecientes y el retroceso de la oferta en los sectores alcanzados por controles y (malas) regulaciones demuestran que se trata de una estrategia inviable a mediano plazo, cuyos limitantes ya son evidentes.

2.2 Política fiscal e inflación

A la salida de la crisis, Argentina aplicó una receta que probó ser exitosa en muchos países: una política fiscal dura combinada con una política monetaria laxa (lo que los economistas denominamos, easy-money/tight-fiscal). Pero el año 2005 marcó un quiebre en esa estrategia. La política fiscal comenzó a ser más expansiva (la tasa de ahorro público comenzó a caer sistemáticamente) y la política monetaria aceleró su ritmo.

La presión tributaria tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales del PIB respecto al promedio de los años ‘90s. Pero la mejora en la recaudación convivió en los últimos años con una verdadera explosión del gasto. Desde 2003, el gasto público creció más de 10 puntos porcentuales en términos del PIB. Se trata de un aumento sin precedentes que llevó el gasto a un récord histórico. El festival de gasto explicó una erosión fiscal persistente y el retorno del déficit fiscal desde el año 2010. Corrigiendo el resultado por recursos extraordinarios, el superávit primario se evaporó en 2009 y 2010 y el resultado fiscal después de intereses es negativo en más de 2% del PIB.

Buena parte del crecimiento del gasto fue producto de la política de subsidios que, sólo después de la contienda electoral de octubre de 2011, el gobierno ha comenzado a rectificar. Los controles de precios y tarifas fueron instrumentos para moderar la suba de precios y, con esto, limitar las demandas salariales, todo lo cual obliga a sostener elevado el gasto en subsidios y obra pública.

La expansión del gasto público por estos conceptos explicó dos tercios del aumento total en 2003-11. La comparación respecto al año 2003, a la salida de la crisis, muestra una expansión de más de 10 puntos del PIB. La suba de los subsidios y la obra pública explica la mitad del crecimiento del gasto primario: los subsidios tarifarios representan actualmente 4 puntos del producto y han venido en constante ascenso desde el año 2006, mientras que los subsidios sociales han permanecido estancados hasta 2010, cuando se crea el programa de Asignación Universal por Hijo.

Un cuarto de la expansión del gasto primario en 2003-10 fue explicada por el aumento de los gastos de la Seguridad Social. El gasto previsional, que había promediado algo menos de 5 puntos del producto hasta el año 2006, saltó al 7,6% en 2010, por efecto de la moratoria previsional a partir de 2007 (que costó más de 1 punto del producto) y la movilidad jubilatoria obligada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La comparación con la década pasada es útil para evaluar el costo del nuevo rol del Estado. El gasto público primario en porcentaje del producto creció 8.1 puntos porcentuales entre 2009 y el promedio 1998-2001. El nuevo rol del Estado explicó dos tercios de la expansión del gasto: las transferencias al sector privado (básicamente, aumento de subsidios tarifarios) crecieron 3.1 puntos del producto y el gasto de capital (sin incluir transferencias de capital a provincias) subió 2.5 puntos.

2.3 Solvencia fiscal: el gran legado

Un punto fundamental es que, a pesar de la erosión de las cuentas públicas, la solvencia fiscal no está en discusión. Tanto la carga de la deuda (intereses en % del PIB) como la deuda en manos del sector privado (neta de tenencias intra-sector público) han bajado dramáticamente en los últimos años. Esto no fue producto de una deseable austeridad fiscal, de la que careció por completo la gestión kirchnerista particularmente desde 2005, sino del efecto combinado de la reestructuración de la deuda (que bajó la carga de intereses) y la estrategia de financiarse con las cajas del sector público (auto-impuesta por los problemas de credibilidad del gobierno que elevaron artificialmente el costo de financiamiento).
Los intereses de la deuda rondan los 2 puntos del producto. Y aunque es un nivel similar al promedio de los ‘90s, la carga de intereses llegó a representar el 22% del gasto a fines la década pasada y hoy representa apenas un 8%. El stock de deuda ha retornado, casi 10 años después, a los niveles pre-crisis (48% del PIB).

Por otro lado, la brecha financiera del gobierno nacional se está cubriendo casi totalmente con emisión de deuda intra-sector público, particularmente con el Banco Central. En 2011, la brecha fiscal (las necesidades de financiamiento) asciende a USD 22.000 millones. El 85% de la brecha será cubierta vía organismos públicos. El BCRA aportaría unos USD 15.000 millones por todo concepto.

Así, la estrategia de financiamiento intra-sector público (dejando por un momento de lado las críticas institucionales a las formas con las que el gobierno logró hacerse de los recursos) ha conseguido reducir sustancialmente la deuda neta en poder del sector privado hasta un exiguo 17% del producto.

La combinación de aumento del déficit y mejora de la percepción de solvencia conforman una verdadera paradoja fiscal que confronta al desequilibrio creciente de los resultados fiscales con las mejoras en el perfil de la deuda pública. Los analistas observan con sorpresa como el despilfarro del gasto y el retorno del déficit fiscal conviven con una deuda pública que, por lo dicho, genera una menor percepción de riesgo de solvencia y liquidez.

Esta paradoja fiscal encierra, al mismo tiempo, una maldición y una bendición para las futuras autoridades. La maldición es que en algún momento habrá que equilibrar los flujos y descansar menos en las cajas públicas (particularmente el Banco Central) y más en los mercados. Cuánto de cada cual y cuándo dependerá del contexto. La bendición es que los stocks de deuda (bajo) y reservas (alto) permiten que las correcciones de las políticas fiscal y financiera sean graduales.

2.4 Situación previsional: pasivos contingentes.

Una nota aparte merece la política previsional y sus impactos sobre la situación fiscal futura y el stock la deuda. Desde 2001 a 2006 el gobierno priorizó los ajustes en las jubilaciones mínimas, lo cual derivó en un “achatamiento” de la pirámide previsional y en una catarata de juicios previsionales.

La situación legal del sistema previsional se asemeja en algunos aspectos a la de los años 80’s. Esto ocurre a pesar de una llamativa diferencia entre los decadentes ‘80s y los prósperos 2000s. En aquellos años, la emergencia fiscal obligó al gobierno de Raúl Alfonsín a incumplir el 82% móvil generando una deuda que debió ser reconocida y consolidada en los ‘90s. Ahora, la Corte Suprema obligó a indexar las jubilaciones desde 2002. La “ley de movilidad jubilatoria” de 2006 buscó poner fin al congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, pero partiendo de una base de actualización inferior a lo prescripto por el fallo. Así, la brecha entre haberes teóricos y efectivos no crece pero tampoco desaparece.

Esto implica que el pasivo fiscal contingente sigue creciendo a pesar de la movilidad y está creando una vulnerabilidad fiscal a futuro. Según nuestros cómputos, la jurisprudencia –aplicada al universo de los perjudicados por la licuación de haberes- genera un pasivo fiscal contingente de $ 75.000 millones (5% del producto). Este monto crece a $ 90.000 millones (6% del producto) si se actualiza la deuda por el IPC oficial y a $ 120.000 millones (8% del producto) si se actualiza por la inflación provincial. Esta es la deuda a consolidar si en algún momento se desea regularizar la situación.

En este marco político, económico y legal deben encuadrarse los proyectos de la oposición para elevar las jubilaciones. Los proyectos en danza contemplan elevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil. La medida tendría un costo fiscal de 1,3% del producto y beneficiaría al 85% de los jubilados y pensionados. Los proyectos también apuntan a actualizar los haberes en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Según nuestras estimaciones, el costo fiscal sería similar.

La combinación de elementos legales, sociales, económicos y políticos hacen extremadamente complejo el debate. Para los economistas, aferrados al equilibrio de las cuentas fiscales como a un mantra, la situación no admite discusiones. Para los juristas, no existe tal cosa como una emergencia económica que justifique incumplir, postergar y evitar una generalización a todos los jubilados de lo dispuesto por la Corte. Para los jubilados, en particular los más pobres, la necesidad de recomponer haberes no admite dilaciones.

La estatización del sistema previsional reabrió la caja de Pandora que se había cerrado transitoriamente con la reforma previsional de los años ‘90s. Conviene andar con cuidado. Este complejo vector de factores terminó en la quiebra del sistema previsional estatal en el siglo pasado y, a la postre, en procesos de alta inflación y alto endeudamiento.

2.5 El Nuevo Escenario

Lo dicho hasta aquí nos permite trazar el “cuadro de situación” que enfrentará la gestión kirchnerista en 2012-2015:

  1. Una elevada tasa de inflación, que está provocando la indexación de facto en los contratos y los salarios, reduciendo la monetización y la intermediación financiera y achicando el horizonte de inversión.
  2. Una tasa de inversión insuficiente para sostener un crecimiento robusto (superior al 5%) con baja inflación, producto principalmente de las distorsiones de precios relativos (tarifas, subsidios, retenciones, controles de precios, intervenciones discrecionales, alimentos, etc.) que generan sub-inversión y “cuellos de botellas” en sectores clave de la economía.
  3. Un tipo de cambio mucho más apreciado que en los últimos años y una inercia a la apreciación real vía inflación, que pondrá bajo presión la competitividad/rentabilidad de los sectores industriales trabajo-intensivos.
  4. Sin embargo, gracias a un escenario internacional inmejorable, la economía llegaría sin desequilibrios externos de magnitud y con un stock considerable de reservas internacionales, que harán innecesaria una fuerte devaluación correctiva e improbable una crisis cambiaria.
  5. Un desequilibrio fiscal consolidado de aproximadamente 4 puntos del producto, que  podría escalar a más de 5 puntos del producto si los ajustes decretados por la Corte se generalizan al conjunto de los jubilados. Y a más de 6 puntos si a esto último se le suma el 82% móvil para las jubilaciones mínimas.
  6. Dificultades legales para acceder a los mercados voluntarios de deuda y, en consecuencia, un mayor riesgo de “dominancia fiscal” de la política monetaria.
  7. Una posición de solvencia fiscal que, a pesar del déficit, no debería estar en cuestión. El próximo gobierno encontrará un nivel de endeudamiento (neto) reducido que, bajo condición de plantear un sendero creíble para la política económica, permitiría abrir los mercados y encarar una corrección gradual de las cuentas públicas.
  8. Un serio problema de pobreza, que algunas estimaciones computan entre el 20% y el 25% de la población.

El diagnóstico nos ofrece las condiciones en las que deberá navegar la política económica en los próximos años y permite derivar algunas conclusiones. Una primera conclusión es que, desgastadas las vías heterodoxas de contención de la inflación, será más complejo para el Banco Central sostener elevado el tipo de cambio y, al mismo tiempo, una tasa de inflación en niveles tolerables. Así, el próximo gobierno deberá descansar más en el ahorro fiscal para reducir la inflación sin una apreciación excesiva de la moneda.

Son pocos los economistas que -de uno y otro lado- no reclaman mayor austeridad fiscal. Pero esta recomendación, pensada en forma aislada y sin una rectificación del modelo paraestatal de infraestructura, transportes y energía, sería ingenua.

El único camino para subir los salarios en dólares sin quebrar la rentabilidad empresaria es bajando el costo del capital y elevando la productividad. Aumentar la productividad global requiere una buena microeconomía, corregir las distorsiones de precios y tarifas, reducir el sesgo anti-exportador, integrarse al mundo, e impulsar regulaciones para los sectores clave de la economía que despejen el horizonte de inversión. Es decir, volver sobre los propios pasos.

El diseño de la política económica es clave para navegar este escenario. La forma más eficiente de administrar las tendencias estructurales requiere de una combinación de ahorro fiscal, rectificación del modelo paraestatal en infraestructura, transportes y energía y, en paralelo, la implementación de una agenda que promueva la competitividad sistémica. Resulta paradójico concluir que, sin correcciones en el rumbo, algunos sectores industriales podrían pasar de ser los “ganadores del modelo” a convertirse en sus víctimas.


Como se argumentará luego, el aumento del gasto público fue, en buena medida, endógeno a la estrategia de sostenimiento de un tipo real de cambio débil.

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