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Opinión

La ciberguerra: Una amenaza para la paz y seguridad internacional

Por Alfredo Atanasof

Publicado en “Reflexiones Políticas III”. Diciembre de 2013

Superada ya la primera década del siglo XXI, nos alarmamos por la aparición de grandes cambios y la obligación de enfrentar nuevos desafíos, uno de ellos es la guerra informática o “ciberguerra”.

Reiteradamente, en los últimos tiempos, se repiten expresiones de los gobiernos que dicen ver lesionados sus derechos soberanos por ataques informáticos que se extienden a sistemas militares, organizaciones empresariales, sociedad civil, etcétera. En algunos casos, determinados países acusan a otros de “ciberespionaje”.

La filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos en 2010, se convirtió en el disparador que activó el debate acerca de si la “ciberguerra” implica la aparición de un nuevo campo de batalla con escenario principal en el “ciberespacio”, desplazando así a los tradicionales escenarios del conflicto bélico.

Esporádicamente tomamos conocimiento de acciones que nos conmocionan, como las declaraciones del ex agente de la CIA Edward Snowden o el descubrimiento de que un grupo de hackers robó millones de números de la seguridad social norteamericana, dentro de los cuales se encontraba el de la mujer más custodiada del mundo, la esposa del Presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. Esto demostró la vulnerabilidad de los sistemas y la presencia de una actividad básicamente secreta, cuyas dimensiones son muy difíciles de estimar.

Esta es una actividad que involucra la paz y seguridad internacional, que afecta a los Estados, a la sociedad civil, a la economía, a la política, a la ciencia, a la cultura universal, ya que gran parte de la organización mundial descansa sobre soportes informáticas.

Los ataques informáticos como delito son relativamente nuevos, posteriores a las convenciones vigentes, pero su magnitud y posibilidad de desarrollo requieren que las instituciones multilaterales aborden urgentemente su consideración, con la mayor inflexibilidad.

Desde hace algún tiempo, mis colegas parlamentarios uruguayos proponen el abordaje del tema en el seno de la Unión Interparlamentaria; el resto de las delegaciones deberían acompañar esta actitud proactiva.

El Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, el doctor Hamadoun Toure, a propósito de las revelaciones de Snowden, dijo: “A pesar de que los gobiernos suelen negar la implicación en “ciberataques”, el mundo está viviendo una ciberguerra” y agregó “No habrá un ganador como ocurre en la guerra tradicional”.

Este llamado de atención debe movilizar a las instituciones multilaterales para iniciar el debate sobre la negociación de un tratado de paz cibernético que nos libere de las acciones delictivas. Estas afectan la integridad de las personas y pueden causar daños a la población civil, entre a través de las centrales de energía, las represas, los diques, los objetivos militares, el agua, las cosechas, los alimentos y el medio ambiente.
Se deben tener en consideración, una vez más, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sacralizan la protección de los individuos en el goce de los derechos a la libertad y la intimidad.

De la misma manera que existen convenciones y tratados internacionales que castigan las violaciones a los derechos humanos, el uso de armas químicas o nucleares o los ataques al medioambiente, se debe diseñar un tratado para contener los efectos desbastadores de la “ciberguerra”.

Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, y un elemento esencial de su mandato, es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y, por ello, debe actuar para erradicar el espionaje cibernético. Este, pareciera, está involucrando a naciones que, en defensa de sus intereses, están apelando a acciones reñidas con las más elementales reglas de relacionamiento entre los Estados y que vulneran los derechos civiles de los ciudadanos.

Sin embargo, resultaría inocente pensar que en la evolución del Derecho Internacional y su ámbito natural, la comunidad internacional, se hallaran, por sí mismas, las respuestas al desarrollo cada vez más evidente de sistemas, que acompañados por la tecnología, vulneren las defensas mínimas de la sociedad en tanto tal.

Las normas, los tratados y las leyes no han de operar por sí mismos sin un fuerte compromiso de los países y sus instituciones para ponerse a resguardo de los “ciberataques”. Estos tienen al menos dos características salientes: nivel científico-tecnológico muy avanzado y su característica silente.

Si al mundo le ha sido muy difícil establecer criterios y luego cumplirlos sobre, por ejemplo, el uso de minas antipersonales o armas químicas, que, en ambos casos afectan indiscriminadamente a la población civil, a la economía y necesitan de tiempo y recursos para su reparación (parcial); cuánto más difícil será aún fijar patrones de conducta aceptables y que estos sean, luego, aceptados. Teniendo en cuenta que el resultado de los “ciberataques” podría no ser evidente a la percepción de los atacados si no hasta mucho después de haber sido ocasionado el daño, la legislación podría resultar, por sí sola, impotente.

Si partiéramos de la suposición de que, por la disponibilidad tecnológica abierta a muchos especialistas, no solo los estados pueden organizar “ciberataques”, no resultaría novedoso que grupos indeterminados de individuos también puedan encararlos con fines diferentes y alejados del control público nacional o internacional. El peor de los mundos sería aquel en el que nos halláramos frente a “ciberterroristas” o “ciberpiratas”, por su efecto multiplicador, su bajo costo comparativo y el daño pasible de ser infringido a los atacados.

Lo expresado anteriormente obliga seriamente al desarrollo de contramedidas desde los gobiernos, situadas claramente en el ámbito de la seguridad internacional y la defensa para proteger información y servicios vitales del país, como así también en el de la seguridad pública, en tanto la sociedad enfrente la comisión de diversos delitos. La ley, la defensa y la seguridad pública deben adaptarse a esta novedosa amenaza.
En tanto existan sociedades, intereses y sistemas que proteger, tantas mayores capacidades públicas tienen que ser desplegadas, en este caso desde el conocimiento.

Aquí es importante contar con mecanismos de cooperación internos y externos que nos mantengan relativamente protegidos; también con el control de los gobiernos, a través del Congreso o Parlamento, de todos los sistemas cibernéticos que actúan en el sistema de su jurisdicción, sometidos a comisiones fuertes que eviten su mal empleo y que dirijan, políticamente, el diseño de los niveles de protección propia deseable, y su ejecución concreta.

La complejidad del mundo crece, a medida que la ciencia avanza. Las sociedades deben, necesariamente, acompañar todos los niveles del desarrollo actual, bajo pena de perder el control de sus acciones y exponer al país a una vulnerabilidad inaceptable en una sociedad moderna.

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