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Opinión

Señales inequívocas de un fracaso anunciado

Por Carlos Alberto Carranza

Publicado en “Reflexiones Políticas III”. Diciembre de 2013

Estamos asistiendo a un fenomenal giro en la política de seguridad pública por parte del gobierno Nacional que, sin dudas, se ha logrado gracias a la voluntad persistente, invariable, inalterable, inocultable, valiente e inclaudicable del pueblo argentino.

Las urnas han resonado fuerte y tal vez hayan sido escuchadas, de modo que esperamos que estos cambios no sean solo por cuarenta y cinco días o hasta fin de año, sino que se incrementen con el transcurrir de los meses y los años por venir, ya que el principal destinatario de las políticas resulta muchas veces víctima por una retórica vacía e ideologizada que nos ha llevado a tasas alarmantes de violencia y criminalidad.

Solo en la ciudad de Rosario se ha llegado a más de ciento setenta muertes violentas pasada la mitad del año y a más de setenta en la ciudad de Santa Fe. Aún así, el gobierno Nacional traslada a los gendarmes al conurbano bonaerense, dejando al desamparo las grandes ciudades del interior, a pesar de que hace semanas anunció un “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad” a través del Decreto 1177 del PEN. Vemos entonces que formula una cosa y hace todo lo contrario, como ha sido constante y recurrente respecto a otros planes (Escudo Norte, Cinturón Sur, Maestro, etc.) durante esta gestión.

   Hace tiempo venimos alertando acerca del ingreso por vía terrestre y aérea de droga en grandes cantidades desde países limítrofes. Recién ahora se moviliza el ejército hacia la frontera con más de cuatro mil hombres y sin autorización del Congreso Nacional, ¿cuál es la hipótesis de conflicto?, ¿no conoce el Ministerio de Defensa que no puede hacer esto en tiempos de paz?, ¿qué tiene que ocurrir para que las fuerzas de seguridad controlen los navíos de ultramar que salen con destino a Europa y África desde los puertos santafesinos en el Río Paraná (según lo ha denunciado el titular de la AGN y varios reportes internacionales)?

La Provincia de Buenos Aires ahora afecta policías retirados, y el nuevo Ministro de Seguridad habla de duplicar el número de agentes para enfrentar el delito y la violencia, ¿en qué quedamos?, ¿no eran operaciones de prensa? Si se han dado cuenta de que no se trata simplemente de una sensación de inseguridad o de un problema comunicacional, en buena hora.

Sin embargo, el fracaso ya no es solo en esta materia, el país hoy tiene casi nueve millones de pobres, de los que tres millones son indigentes, y casi un millón son los llamados “NI NI”. Además, se están perdiendo puestos de trabajo día tras día. En conclusión, el fracaso ha sido también en el campo económico y social, algo que no podemos tolerar, debido al grado de deterioro y de abandono en que se encuentran las instituciones encargadas de la seguridad en el país.

Desde la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación se ha aprobado un proyecto de Resolución para que de inmediato se convoque al Consejo Nacional de Seguridad Interior para analizar la problemática de la seguridad en el país y el enlazamiento de las redes de narcotraficantes con la corrupción policial, que es más que evidente en algunas provincias. Hace falta crear más juzgados federales penales en las grandes ciudades para poder investigar y juzgar debidamente los casos de venta y comercialización de estupefacientes a gran escala; construir cárceles federales en todo el país con tratamiento especializado para adictos; y permitir el acceso a información actualizada de los índices de criminalidad que se encuentran paralizados desde el año 2009 en la “Secretaría de Política Criminal” del Ministerio de Justicia de la Nación. Incluso debe promoverse la adhesión de las provincias a la ley nacional que delega ciertos procedimientos jurisdiccionales en materia de tenencia de drogas en consumidores a menor escala.

Apoyamos decididamente estas reformas, pero de ningún modo podemos estar de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad para menores a catorce años, ya que eso implicaría tanto un fracaso político y humano como el reconocimiento de un estado de desesperación y aturdimiento que nos puede llevar a peores resultados o a situaciones de las que luego será muy difícil salir. Asimismo, este proyecto va en contra de tratados internacionales en la materia.

El resultado de las elecciones debe ser tomado como un llamado de atención, pero nunca como un salto al vacío respecto de las verdaderas responsabilidades del Estado para atender la problemática social. Esta última debe focalizarse en los menores y en los consumidores en riesgo, como víctimas vulnerables a las que hay que asistir desde la prevención, la salud, la educación, el deporte, la cultura, la familia y, sobre todo, desde el trabajo. No debemos institucionalizar a nuestros jóvenes o desocupados como sujetos penales “per se”, ya que ellos pueden y quieren ser ciudadanos útiles y sanos para poder progresar en la vida, en algunos casos, incluso, sin la ayuda estatal. Para esto debemos generar las posibilidades y oportunidades de liberación del ocio y de los peligros que tiene una sociedad que no los contiene y, además, los expulsa hacia un futuro que nadie quiere tener.

 Debemos estar muy atentos a estos cambios y evitar el “gatopardismo”, que es producto del desconocimiento y de la improvisación y no de la certeza y del reconocimiento de la existencia de graves problemas de incapacidad de algunos funcionarios que conducen la política de seguridad en la Nación y las provincias. Apostamos a las políticas de estado, es decir, a largo plazo y con consenso político, con los estados provinciales, los municipios y los partidos políticos, en materia prevencional. Por supuesto, proponemos mejoras en materia salarial y en las condiciones de trabajo profesional de nuestras fuerzas de seguridad, con el objetivo de brindarles mayor preparación, recursos, apoyo y capacitación. De esta manera, se dejaría de de echar mano a salidas electoralistas o grandes titulares oportunistas que degradan la política, las instituciones y la condición humana.

Quienes crean que el problema de la seguridad está en el Poder Judicial o en los códigos de procedimientos se equivocan. Más temprano que tarde se darán cuenta de que van por el camino equivocado. El Gobierno no les pertenece, es del pueblo, y muy pronto este pueblo se hará sentir nuevamente en las urnas. Solo esperamos que estas sean escuchadas, ya que las demoras en implementar los cambios se miden en vidas humanas, muchas veces inocentes, de una sociedad que solo quiere vivir tranquila, progresar y construir su futuro y el de la patria en paz.

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