Fundación Nuevas Generaciones Club de Ex Becarios Argentinos
 
 
 
 
Opinión

El narcotráfico en argentina: Algunas notas para la reflexión

Por Natalia Gambaro

Publicado en “Reflexiones Políticas III”. Diciembre de 2013

Sabemos que el fenómeno del narcotráfico es uno de los principales problemas que enfrenta América Latina y que constituye, al mismo tiempo, una de las grandes preocupaciones en las agendas de sus países. De un tiempo a esta parte, los especialistas lo han planteado como un problema de seguridad nacional que ha concitado la atención de distintos actores sociales y políticos.

De lo anterior se desprende la idea de que el acento en la seguridad hace que este problema deje de interpretarse exclusivamente como una cuestión delictiva para comenzar a ser interpretado como un objeto de análisis con claras implicancias políticas, económicas, sociales y culturales (1). Estamos ante un fenómeno sumamente complejo que necesita una permanente reflexión, dada la diversidad de aristas que presenta.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en los inicios del siglo XXI, el narcotráfico adquiere un papel relevante en la vida de los países latinoamericanos. Ello obedece al impulso del consumo mundial de drogas en un contexto de globalización de las sustancias psicoactivas.

El narcotráfi­co mueve anualmente unos 320 billones de dólares, lo que lo convierte en la principal y más rentable economía criminal del mundo actual, con montos diez veces superiores a la segunda: la trata de personas, con alrededor de 31,6 billones de dólares(2) . Se trata, en efecto, de una de las actividades más rentables del mundo.

Según el “Informe Mundial 2012” de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)(3) , unos 230 millones de personas –el 5% de la población adulta del mundo- consumió alguna droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones, que representan el 0,6% de la población adulta mundial. La heroína, la cocaína y otras drogas se cobran la vida de aproximadamente 200.000 personas cada año, sembrando devastación en las familias y causando sufrimiento a miles de otras personas.

El escenario argentino

La situación particular de nuestro país también es preocupante y no escapa a lo que sucede en la región. Según Naciones Unidas, Argentina es el primer país consumidor de cocaína y marihuana en la región y el segundo detrás de Estados Unidos. Hemos pasado de ser un país de tránsito, a ser un país de consumo. Según la Secretaría para la Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) hay alrededor de 2.500.000 de consumidores en el país. En Argentina, el mercado del consumo de cocaína mueve unas 73 toneladas anuales por unos 3.229 millones de pesos.

Otras cifras indican que, en el transcurso de los últimos diez años, ha aumentado de forma considerable el consumo de todas las drogas en el país. La marihuana sigue siendo la droga más consumida, seguida de la cocaína, los estimulantes tipo anfetamínicos y los opiáceos. Asimismo, para tener una dimensión más acabada del problema del consumo y tráfico de drogas en Argentina, vale recordar que el promedio global de consumo de cocaína en el mundo, según UNODC, es del 0,4%, cifra que en nuestro país ascendió del 1,2% al 2,6% entre el año 2000 y el año 2010. Decir esto equivale a sostener que en nuestro país se consume unas cinco veces más cocaína que el promedio global. No es casual que tenga la tasa de consumo de cocaína más alta de la región junto a Colombia. 

En 2012 se incautaron 5.000 kg de cocaína y 50.000 kg de marihuana, y se debe tener en cuenta que se incauta menos del 7% de lo que ingresa. Otro dato de la UNODC demuestra el afianzamiento de Argentina como país de consumo y hasta sintetización de clorhidrato de cocaína. En nuestro país fueron detectados, entre 2009 y 2010, cincuenta y seis laboratorios. Se trata del país con más cantidad de laboratorios después de Colombia, Perú y Bolivia.
A esto hay que sumar los casos de sicariato y exportación de precursores. Se trata de fenómenos que no registran antecedentes en el país y que representa los síntomas de la penetración del narcotráfico y sus estructuras criminales. De esto se desprende otro grave problema: el lavado de activos que genera una economía ilegal. El lavado de dinero es considerado una fuente desde donde se reproduce esta actividad que es capaz de alimentar las finanzas criminales e, incluso, las terroristas(4) . Asimismo, como es sabido, el lavado de dinero proveniente del narcotrá­fico se sitúa en las áreas de la economía poco reguladas y con escasos controles (5).

Estos y otros datos no hacen más que confirmar lo que ya sabemos: si no encontramos soluciones para este tema, nuestro país seguirá siendo un atractivo mercado para el narcotráfico. Si seguimos sin llegar a acuerdos básicos, los narcotraficantes siempre seguirán estando un paso más adelante y nos seguiremos quedando con la sensación de que el Estado se ha rendido ante esta problemática.

Podemos señalar algunas grandes cuestiones relacionadas con lo que hasta aquí se ha expuesto:

1) Argentina carece de un organismo federal, como la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). Una agencia con estas características podría permitir que una fuerza policial trabajara tanto en la prevención como en la represión de los delitos vinculados al narcotráfico. Hay que recordar que la represión del narcotráfico en nuestro país se da de manera fragmentaria entre varias fuerzas, que incluyen a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura y, en ocasiones, también a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De este modo se ve reducida la eficacia final de la estrategia asumida. En concordancia con un mayor control del espacio aéreo y fronterizo, que en la actualidad es sumamente permeable, una fuerza antinarcóticos de carácter federal podría representar un eficiente instrumento en la lucha contra este flagelo.

2) Nuestro país no puede ejercer el derecho soberano de controlar el espacio aéreo nacional debido a la falta de radares específicamente diseñados para la detección de vuelos irregulares, ilegales u hostiles. Esta carencia afecta especialmente a la frontera norte de nuestro país. Otros Estados vecinos, como Brasil, Uruguay y Chile controlan prácticamente la totalidad de su territorio, cuando nuestro país lo hace sólo en un 10%, según las estimaciones más alentadoras. La radarización del espacio aéreo evitaría gran parte del ingreso de sustancias ilícitas a la República y mejoraría sensiblemente la seguridad del tráfico aéreo. Por otra parte, se incrementaría la recaudación en vistas de la disminución del tráfico de cigarrillos ilegales y se reducirían los gastos en salud devenidos del consumo de estupefacientes. Por tanto, es imperioso contar con una política definida en cuanto al control del espacio aéreo de nuestro país (6).

3) El Poder Ejecutivo debe establecer los lineamientos generales y específicos a llevar a cabo en términos de políticas para la prevención de adicciones y la lucha contra el narcotráfico. Dada la relevancia de estas medidas, es ineludible la participación del Poder Legislativo en el control de dichas políticas. Si se acepta la idea de que de la SEDRONAR dependen directamente la elaboración, implementación y evaluación de las medidas que involucran temáticas de tanta significación como las que aquí se han mencionado, consideramos que la elección de su titular debería darse en un marco de consenso entre las diferentes fuerzas políticas del Senado de la Nación(7) .

4) Sin abrir el debate acerca la conveniencia de despenalizar la tenencia de drogas para su consumo, que sería objeto de otro análisis, no se puede admitir que el Estado permanezca ausente ante la creciente cantidad de habitantes, sean menores o mayores de edad, que se encuentran inmersos en la problemática del consumo de drogas. Debe asumir el deber de proveer a la salud y asistencia de todos los ciudadanos. En otras palabras, debe ser el garante del acceso al servicio de salud ante cada caso de consumo de estupefacientes del cual se tome conocimiento por intervención de fuerzas de seguridad o de juzgados criminales. En este sentido, resultaría de vital importancia la creación de un Registro de Seguimiento de las Adicciones que permitiera tanto una asistencia integral del adicto (aún en los casos de interrupción de los tratamientos y recaídas posteriores), como así también la elaboración de políticas preventivas (8).

A modo de cierre

Ante el panorama tan oscuro que asoma por todas partes, es necesario ser concientes de que la lucha contra las drogas no consiste, como muchos pretenden, en la desaparición completa del mal, sino en mitigar su penetración y afectación en la sociedad. Las victorias existen. Colombia es un buen ejemplo de eso. En 2001, el país contaba con 140.000 hectáreas de cultivo de coca; en 2009 pasó a 73 mil hectáreas, y a 62 mil en 2010. Es decir, hubo una reducción de área sembrada del 15% y una disminución potencial de la producción de cocaína del 19% (de 410 toneladas métricas en 2009 a 330 en 2010). Otro ejemplo lo encontramos en Estados Unidos donde el consumo de cocaína cayó a su mínimo histórico en 2008, que fue de 165 toneladas, después del récord de 660 toneladas en 1988. Además, los adictos pasaron del 1% de la población en 2005 al 0,6% en 2010.

El narcotráfico, en la búsqueda por ampliar sus negocios, actúa como multiplicador de delitos. Estas redes ilegales trasnacionales están signadas por la lógica racional de obtener el mayor beneficio posible, sin guardar reparos en los daños que ocasionan a poblaciones enteras.

La argumentación hasta aquí expuesta nos lleva a concluir que el Estado no tiene una política pública que aborde la lucha contra el narcotráfico desde una perspectiva integral. Por eso creemos que este debe disponer de los recursos con los que cuenta, de forma estratégica para asegurar la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, se hace necesaria una fuerte restructuración en la manera en la que nuestro país lucha contra las organizaciones criminales que hoy siguen ganando terreno, desplazando las atribuciones estatales y afectando a miles de personas, fundamentalmente niños y adolescentes.

El Estado debe agilizar la respuesta ante el crimen organizado unificando la recopilación de información criminal, incrementando el control de fronteras, restringiendo el acceso de armas ilegales, incrementando el control del lavado de dinero, promoviendo la cooperación nacional e internacional en seguridad, universalizando los mapas delictuales, acercando la policía al vecino, extendiendo y modernizando el sistema 911, otorgando así a las fuerzas policiales las herramientas necesarias para combatir el delito, entre otras.

La lucha contra el narcotráfico requiere que el Estado se responsabilice de coordinar y potenciar los esfuerzos y recursos disponibles de forma efectiva y eficiente para enfrentar este problema. Esto implica también la recuperación de los adictos y la reducción del consumo futuro. Finalmente, será de vital importancia que nuestro país se sume a los esfuerzos que ya se realizan a nivel internacional para, de esta manera, quedar integrados en el sistema internacional.


1. Santana, Adalberto. El narcotráfico en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004.

2 . Haken, Jeremy. Transnacional Crime in the Developing World. Global Financial Integrity. 2011. Disponible en http://tinyurl.com/mkdbqos

4 . Pontón, Daniel. “La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina” en Íconos. Revista de Ciencias Sociales Num. 42, septiembre 2013, 135-153, FLACSO, Ecuador.

5 . Por cierto, ni la Unidad de Información Financiera (UIF) ni la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) tienen cálculos estimativos de cuánto es el volumen que representaría el lavado de activos en nuestro país. Esto genera enormes perjuicios a las economías donde ingresan los fondos que provienen de él, trayendo además la violencia propia de sus delitos precedentes: el narcotráfico y la trata de personas. Asimismo, en la actualidad, la cantidad de sentencias condenatorias difícilmente supere un dígito, en el marco de un ineficiente sistema penal que ha logrado un ínfimo 10% de condenas por delitos económicos. En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Argentina en la lista de países cooperantes con "serias deficiencias" en materia antilavado; conocida como "lista gris", en la que está desde junio de 2011.

6 . Ver el proyecto de Ley de Control Integral del Espacio Aéreo; Sistema Nacional de protección integral del espacio aéreo, Derogación del Decreto1407/04 (Sistema Nacional de Vigilancia y control aeroespacial). Disponible en
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=6089-D-2009

7 . Ver el proyecto de modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2396-D-2013

8 . Ver el proyecto sobre la creación de un sistema de seguimiento de las adicciones. Disponible en:
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=8158-D-2010

Volver

NG NG  
 

Nuevas Generaciones | Beruti 2480 (C1117AAD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) - Tel: (54) (11) 4822-7721

Seguinos Facebook Seguinos Twitter