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Opinión

Facultades de control legislativo: Otro signo de debilitamiento institucional

Por Julián Martín Obiglio

Publicado en “Reflexiones Políticas III”. Diciembre de 2013

El sistema republicano establecido en la Constitución de la Nación Argentina se sostiene en la división de poderes y en los mecanismos de frenos y contrapesos, que permiten el control cruzado entre los distintos órganos del Estado.

Uno de los mecanismos más importantes previstos en este sistema es la facultad del Poder Legislativo de controlar la administración central del gobierno, que se encuentra en manos del Poder Ejecutivo. Aunque la sociedad suele concentrar su atención en las tareas de creación normativa, lo cierto es que entre las principales funciones de los miembros de todo cuerpo legislativo se encuentra la de controlar al Poder Ejecutivo.

Tradicionalmente, esa función se ejerce a través de la asistencia de los funcionarios ejecutivos al órgano legislativo (sea por presentación espontánea, por invitación, por obligación legal, o porque han sido interpelados) para brindar explicaciones respecto de las políticas públicas que impulsa el titular del Poder Ejecutivo por medio de sus carteras específicas.

Esta función de contralor también se ejerce a través de las visitas de los miembros del órgano legislativo a las dependencias del Ejecutivo, donde toman contacto directo con los equipos técnicos y los instrumentos afectados a la aplicación de determinadas políticas que sean de interés de aquellos.

Asimismo, la función de control se ejerce a través de los pedidos de informes que el cuerpo legislativo le remite al titular del Poder Ejecutivo o a sus órganos dependientes, requiriendo información, explicaciones u opinión sobre algún tema específico de política pública que es, o debe ser, aplicado por estos últimos.

En los “Indicadores de Control Legislativo” publicados por Nuevas Generaciones a mediados de 2013 se evaluó el funcionamiento de la facultad de control que ejerce la Cámara de Diputados de la Nación, como órgano representante del pueblo, sobre el Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, sobre el Presidente y sus Ministros.

Los resultados muestran a un Congreso completamente debilitado en sus funciones y a un Poder Ejecutivo con prácticamente nulo cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas e información, lo que refleja el delicado estado de salud del sistema republicano argentino previsto en la Constitución Nacional.

Veamos algunos números:

Entre 2003 y 2012, solamente fueron aprobados por el Congreso el 17,1% de los pedidos de informes solicitados por sus miembros. El peor año de esta medición resultó 2009, con solamente un 5,5% de aprobaciones. En cambio, el mejor año fue 2004, con un 41,2% de aprobaciones.
En relación a los pedidos de informes aprobados y luego enviados al Poder Ejecutivo, solamente el 59% fue respondido como promedio entre 2003 y 2012, siendo que 2012 fue el peor año, con un 3,4% respondido, y 2005 el mejor año, con 80,2% de respuestas obtenidas.
Los peores resultados se registran si medimos la cantidad de informes solicitados (sin considerar si han sido aprobados o no) en relación a la cantidad de respuestas obtenidas. Entre 2003 y 2012 el promedio resultante entre informes solicitados y respondidos solamente alcanza el 11%, siendo que el peor año fue el 2012, con 0,2% de respuestas, y el 2004 el mejor con 31,8%.

Si se analizan los plazos de respuesta y miramos qué porcentaje de pedidos de informes fueron respondidos dentro del primer año de aprobación, encontramos que en el promedio de 2003 a 2012, solamente el 10,5% de los pedidos fue respondido en ese término. Siendo que el 2011 fue el peor año, con ningún informe respondido en ese mismo año. Finalmente 2007 arroja los mejores resultados, con un 42,9% de respuestas dentro de ese mismo año.

Respecto de las materias sobre las cuales versan los pedidos de informes, se destacan aquellos referidos a “Ambiente, recursos naturales y energía” (12%), “Defensa y seguridad” (11%), “Salud, mujer y niñez” (11%), “Transporte” (9%), “Política económica, presupuestaria y fiscal” (8%) y “Política exterior” (7%).

El trabajo desarrollado por el equipo de Asesoría Parlamentaria de la Fundación Nuevas Generaciones nos brinda una compilación de datos única, que hace pública ante la sociedad la situación crítica en que se encuentra uno de los principales mecanismos de control con que cuenta el Congreso de la Nación para auditar al Poder Ejecutivo de la Nación, y el desprecio por la división de poderes que ha mostrado el gobierno del matrimonio Kirchner en toda su trayectoria política.

Para paliar estas deficiencias considero que deben desarrollarse dos acciones concretas (además, claro está, de ganar las elecciones y cambiar la forma de gobernar):

En primer lugar debe modificarse el artículo 204 del Reglamento de la HCDN, estableciéndose que cuando un pedido de informes sea acompañado por la firma de al menos 20 diputados, este deba ser tratado directamente en el recinto, durante la Sesión Plenaria más próxima, sin necesidad de su aprobación en la comisión correspondiente. Asimismo, cuando un pedido de informes fuese firmado por 30, o más diputados, no debería requerirse su tratamiento o aprobación en comisión, ni en Sesión Plenaria, sino que debería ser enviado directamente a su destinatario en el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente de la Cámara, para su inmediata contestación.

En segundo lugar, debe analizarse la posibilidad de establecer expresamente la figura del incumplimiento de deberes del funcionario público para aquél que fuese reticente a dar de manera satisfactoria las explicaciones pertinentes al pedido de informes cursado, o para los casos en que el plazo de respuesta superara los diez días hábiles contados a partir de la recepción del pedido.

En fin, los resultados de informe “Indicadores de Control Legislativo” nos muestran una vez más que el Gobierno Nacional está violando el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional. La división de poderes y los mecanismos de frenos y contrapesos no son un mero enunciado de buenas intenciones, sino que son el mejor sistema encontrado por el mundo occidental para permitir un control cruzado entre los distintos órganos del Estado. Sin ese control el poder tiende a concentrarse, los derechos individuales son violados con facilidad y la corrupción se convierte en algo endémico.
Por todo lo dicho y haciendo uso de estas modernas herramientas de medición de la calidad institucional, somos los políticos quienes debemos trabajar para aumentan exponencialmente el cumplimiento de las normas constitucionales, y asegurar a todos los ciudadanos que sus derechos se encuentran debidamente asegurados, y que sus intereses correctamente defendidos por los representantes del pueblo. Esa es nuestra tarea, o al menos, una gran parte.

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