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Opinión

Necesidad de contar con instrumentos administrativos que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información pública

Por Diego C. Naveira

Publicado en “Reflexiones Políticas V”. Diciembre de 2015

1. Escasez de transparencia y exceso de corrupción

Está reconocido mundialmente que la falta de transparencia en la forma en que se llevan a cabo los actos de los funcionarios estatales, y la falta de información pública al respecto, crean un ambiente propicio para cometer actos de corrupción. De esta manera, el hecho de garantizar la transparencia de los actos de gobierno actúa como un gran desincentivo para los hechos de corrupción y, al mismo tiempo, facilita que las transgresiones salgan a luz cuando ellas ocurren.

En Argentina existe un problema significativo en materia de transparencia en el sector gubernamental, muy alejado de la realidad de aquellos países que cuentan con normas que fomentan el derecho de la ciudadanía a la información pública. Puede dar cuenta de lo anterior la organización Transparencia Internacional, que mide la percepción de la corrupción que existe en el sector público a través de un índice. El deterioro en materia de corrupción en nuestro país ha sido registrado por dicho índice desde hace más de diez años. En 2003 Argentina se ubicaba en el puesto 92; en el informe de 2013 (último realizado hasta el momento), Argentina se ubicó en el puesto 106 entre los 175 países evaluados. Varios países de la región sudamericana están mejor posicionados que el nuestro en materia de percepción de la corrupción: Uruguay (19°) y Chile (22°) son los mejor posicionados; más atrás se ubican Costa Rica (49°), Cuba (63°), Brasil (72°), Perú (83°), Ecuador o Panamá (102° ambos). En una posición similar a la de Argentina se ubican Bolivia y México (106°), seguidos de Guatemala (123°), Nicaragua (127°), Honduras (140°), Paraguay (150°) y Venezuela (160°).               

2. El acceso a la información pública en el derecho argentino

Tanto la Constitución Nacional como las normas internacionales referidas a los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecen que todo acto de gobierno se presume público. Sin embargo, muchas veces no se logra por parte de la Administración la transparencia necesaria, por lo que se torna muy difícil para los ciudadanos ejercer un efectivo control sobre sus gobernantes y los actos que en ejercicio del poder llevan a cabo. Es un derecho ineludible de los ciudadanos conocer cómo se gastan los recursos públicos; en qué condiciones el Estado realiza las contrataciones y licitaciones con proveedores privados; cómo se van cumpliendo las etapas de dichas contrataciones y licitaciones o de qué manera se está ejecutando una obra pública, por mencionar sólo algunas cuestiones.

El derecho a la información pública está reconocido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, el cual establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Más cerca en el tiempo, el reconocimiento del derecho a la información pública fue expresamente receptado por la Declaración Interamericana de Principios sobre la libertad de expresión . En dicha declaración la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental para cada individuo. El Estado tiene la obligación de garantizar el completo ejercicio de este derecho…”.

Por su lado, nuestra Constitución Nacional reconoce en su artículo 75 inc.22 la jerarquía constitucional de los tratados internacionales arriba mencionados. Pese a ello, en Argentina no existe ninguna ley que regule el acceso a la información pública. La única norma al respecto es el decreto presidencial 1.172 de 2003, el cual pese a ser un loable primer paso en pos de regular el acceso a la información relativa a los actos de gobierno, tiene alcance limitando puesto que solo garantiza el ejercicio de dicho derecho respecto de la información en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, resulta fundamental contar con normas que garanticen la libertad de acceso a los datos que pudieran tener todos los poderes del Estado tanto a nivel nacional como provincial y municipal.                  

3. El ejemplo del caso chileno

En abril de 2009 inició en Chile sus funciones el Consejo para la Transparencia. Dicho organismo fue creado por la Ley 20.285 (conocida como Ley de Transparencia) y torna exigible el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Para ello establece los procedimientos conducentes a ejercer dicho derecho, al tiempo que identifica las excepciones a la publicidad de la información de los organismos de la Administración Pública. El Consejo para la Transparencia es una persona jurídica de derecho público y tiene un status de autonomía y patrimonio propio. La misión que se le encargó al Consejo es la de promover la transparencia de los actos de gobierno, fiscalizar el cumplimiento de la ley 20.285 y garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a la información pública (artículo 32). La ley además establece que el Consejo “tiene atribuciones para… aplicar sanciones en casos de incumplimiento (de la ley); resolver reclamos de denegación de acceso a la información pública… capacitar a funcionarios públicos; impartir instrucciones y formular recomendaciones a los órganos sobre los cuales tiene atribuciones. De este modo, lo que se busca no es otra cosa que facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información, proponer mejoras a las normas que rigen el funcionamiento del poder ejecutivo y del poder legislativo, y desarrollar estudios acerca del estado de la transparencia y acceso a la información pública en el país (artículo 33) .     

Para dicho Consejo el derecho de acceso a la información pública es entendido como el “derecho que permite a cualquier persona tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal”. Este derecho, lo desarrolla en dos dimensiones por la ley 20.285:

  • “Transparencia activa: El acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos.
  • Derecho de acceso a la información: El deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregarla mientras que no exista un motivo de secreto o reserva” .

4. Reflexiones finales
           
La creación de organismos enfocados en concentrar y canalizar todos los pedidos de información reclamados por los ciudadanos, ayudará a tener una democracia más participativa. Ello se traducirá en una mayor eficiencia en las decisiones del Estado nacional y de los Estados provinciales y municipales. Dichos organismos deberían centralizar los pedidos de información solicitados por los ciudadanos relativos a su ámbito de conocimiento y competencia y remitirlos a las reparticiones respectivas. Cada repartición estaría a su vez obligada a remitir en tiempo y forma la información requerida bajo apercibimiento de aplicar sanciones al funcionario público que así no lo hiciere. Finalmente dicha información debería ser públicamente divulgada para su conocimiento por parte de la ciudadanía entera.

Es obligación de los funcionarios electos por el pueblo rendir cuentas de las decisiones que ellos toman sin que existan secretos ni opacidades al respecto. Por dicho motivo, en la medida en que el Estado Nacional, las provincias y los Estados municipales instrumenten herramientas de transparencia, se estará cumpliendo con los principios consagrados por los artículos 1° y 22 de nuestra carta magna.


Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Octubre de 2000.

Banco Interamericano de Desarrollo y Consejo para la Transparencia, La institucionalización y gestión estratégica del Acceso a la Información y la Transparencia Activa en Chile, pp.45 y 46.

 

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