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Opinión

Una mala práctica parlamentaria

Por Eduardo Menem

Publicado en “Reflexiones Políticas V”. Diciembre de 2015

Una de las exigencias principales  establecidos por los reglamentos parlamentarios para sancionar las leyes, es que previamente sean tratadas y estudiadas en las comisiones competentes según la materia a la que se refieren los proyectos. También se requiere que los dictámenes que emitan esas comisiones sean impresos y distribuidos entre   todos los integrantes de la Cámara y puestos a observación  por un tiempo que el Reglamento de la Cámara de Diputados fija  en 7 días hábiles y que ha sido también adoptado por los precedentes parlamentarios en el Senado. También se dispone que los dictámenes sean distribuidos a la prensa.

La exigencia reglamentaria  tiene por objetivo que los legisladores conozcan debidamente y fijen posición sobre lo que posteriormente van a debatir en el recinto. En ese sentido el trabajo de las comisiones es fundamental, porque es ahí donde se  pueden estudiar con mayor tiempo y profundidad los proyectos, con la asistencia de asesores, especialistas y la participación de entidades y personas vinculadas o interesadas en el tema.

En los casos en que los proyectos no cuentan con el correspondiente dictamen de comisión en las condiciones aludidas, sólo pueden ser tratados en el recinto mediante la decisión de una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes y siempre que se haya reunido el quórum requerido para sesionar. Esta exigencia obedece al propósito de que antes de ser sancionados como ley, los proyectos sean debidamente estudiados, para que las normas se ajusten al marco constitucional y respondan a las necesidades e intereses de la sociedad.

Si bien no es una práctica nueva, porque también se la ha utilizado anteriormente, en los últimos tiempos se ha hecho habitual que se soslaye la citada exigencia de los dos tercios, recurriendo al procedimiento de convocar a sesiones especiales para tratar algunos proyectos, sobre todo cuando la mayoría oficialista desea hacer sancionar apresuradamente alguna ley de su interés.

 No existe ninguna disposición reglamentaria que exima de la aprobación de una mayoría calificada para tratar un proyecto sin dictamen cuando se lo haga en una sesión especial, ya que estas se convocan para abordar solamente algún o algunos temas en particular, o fuera de los días establecidos por las Cámaras para sesionar. Además el trámite para convocar a una sesión especial es bastante simple, basta el pedido de 5 o más senadores o de no menos de 10 diputados en sus respectivas Cámaras para que el Presidente del cuerpo deba realizar la convocatoria. El pedido también puede ser formulado por el Poder Ejecutivo.

Asimismo se desvirtúa el sentido de las sesiones especiales cuando habiendo sido convocadas para tratar uno o más asuntos taxativamente determinados, se tratan otros en el transcurso de la sesión. El Reglamento de la Cámara de Diputados exige que para incluir esos asuntos distintos, deben revestir el carácter de urgentes y previa la aprobación de una moción de apartamiento de las normas reglamentarias por el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros presentes, lo cual tampoco suele ser cumplido. 

Esta práctica de recurrir a las sesiones especiales para eludir las mayorías exigidas para tratar proyectos sin tener los dictámenes en debida forma no solamente viola los reglamentos, sino que además perjudica la calidad de las leyes. Uno de los ejemplos  más notorios en ese sentido fue el tratamiento y sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual (ley 26.522) en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que fue tratada en base a dictámenes de comisión terminados a la madrugada del día en que empezó la consideración en el recinto, razón por la cual muchos legisladores tomaron conocimiento de ellos al sentarse en sus bancas. El resultado fue la sanción de una ley desprolija, confusa y con remisiones equivocadas a artículos que no correspondían, lo que motivó que posteriormente se tuviera que enviar una fe de erratas cuando la ley ya se encontraba en tratamiento en una sesión del Senado.

Lo ocurrido posteriormente con los  proyectos de ley tendientes a “democratizar la justicia”, tratadas apresuradamente, en forma desordenada y en sesiones caóticas, constituye otro claro ejemplo de las dificultades que ocasiona el  incumplimiento de las normas reglamentarias.

Lamentablemente los legisladores de la oposición parecen haber aceptado resignadamente esta práctica pese a que son los principales perjudicados por la misma, por lo que es de esperar que  reaccionen y se nieguen a convalidar en el futuro estas irregularidades.

De todos modos sería conveniente que en una futura reforma reglamentaria se establezca expresamente que en las sesiones especiales deben observarse las mismas mayorías agravadas que se exigen para el tratamiento de los proyectos sin los dictámenes emitidos en debida forma.
Hay que tener siempre en cuenta que el Parlamento es, por su pluralismo político, un emblema de la democracia, por lo que su funcionamiento debe ajustarse a las normas reglamentarias para evitar  que las minorías queden  a merced de los excesos de las mayorías.

 

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