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Opinión

Los argentinos y la anomia

Por Horacio Quiroga

Publicado en “Reflexiones Políticas VI”. Diciembre de 2016

Cortes de ruta, cortes de calles, ocupación de edificios públicos, usurpación de terrenos, desmanes y violencia en eventos deportivos, violentas reacciones contra agentes públicos (policías, inspectores municipales) cuyo trabajo es hacer cumplir distintas normas. Esta enumeración de hechos son, desde hace un tiempo a esta parte, postales cotidianas que pueden verse en cualquier ciudad del país.

En toda la Argentina en general y con especial énfasis en Neuquén, provincia en la que nací y vivo desde hace 62 años, durante las últimas décadas ha crecido hasta límites insospechados un comportamiento social que hace crujir las bases de las instituciones de la República: la anomia.

Hace dos años escribí un artículo de opinión referido a este tema y, pese al tiempo transcurrido, hoy puedo tranquilamente retomar los puntos centrales de esa descripción porque la realidad no ha variado demasiado.

El diccionario de la Real Academia Española define la anomia como la “ausencia de ley”, mientras que en el campo sociológico –de donde proviene justamente el término– se hace referencia a un “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.

En Argentina no es posible abordar esta problemática sin citar la obra del jurista Carlos Nino, quien en 1992 escribió el libro “Un país al margen de la ley”, donde hace referencia a la tendencia de la sociedad argentina a la anomia en general y a la ilegalidad en particular, que reside en la inobservancia de las normas jurídicas, morales y sociales. Calificó incluso de “anomia boba” el incumplimiento de la ley que no favorece a nadie y genera altos niveles de ineficiencia.

Esa adhesión a la inobservancia de las leyes no es privativa de ningún sector social sino que atraviesa transversalmente el tejido social. Sin embargo, en el último tiempo este estadio donde se rinde culto a la anomia ha sido superado por otro que reviste mayor gravedad y que representa una alerta roja para el orden democrático. Ya no se trata lisa y llanamente del desconocimiento de la ley y del contrato social.

Ahora esas leyes, surgidas de la institucionalidad del país, nacidas del orden constitucional, han sido reemplazadas por otras, por códigos de grupos minoritarios y violentos. Es decir, lo ilegal, por imperio del uso y la costumbre, se ha tornado legal a ojos de buena parte de nuestra sociedad.

Lejos del apego a las normas y el cumplimiento de la ley, que es lo que nos iguala a todos, lo ilegal se ha naturalizado. Hay que admitir que la consolidación de este fenómeno deja al desnudo el fracaso de la dirigencia en el ejercicio de la autoridad.

Hace unos años el politólogo Ernesto Garzón Valdés acuñó la expresión “desmilagro argentino”, es decir, un milagro al revés. Decía Garzón Valdés que, “La vida civilizada se forja en la obediencia a la ley. El problema es que cuando una sociedad viola constantemente el orden constitucional y se rige por sistemas normativos paralelos, surgen las mafias”.

A quienes ocupamos cargos de responsabilidad pública por decisión de la sagrada voluntad popular de los ciudadanos –que nos eligen a través de su voto– muchas veces, quieren obligarnos a tomar decisiones bajo la presión de lo ilegal. Como intendente de la ciudad de Neuquén, cumpliendo mi cuarto mandato, me ha tocado de manera recurrente estar frente a esta situación.

Desde una posición de fuerza, quienes han decidido reemplazar las leyes por sus propios códigos, quieren arrancar de las autoridades institucionalmente constituidas decisiones a su favor que, mayoritariamente, están disociadas del interés general.

Y muchas veces lo logran.

Obviamente, no podemos dejar al margen el análisis del trasfondo social en el que nació, creció y se potenció esta tragedia nacional. Cronológicamente, el origen lo podríamos ubicar a principios de la década de los 90´, con una estructura social debilitada y con la consolidación de un fenómeno que les ha hecho mucho daño a las instituciones de la democracia: la frivolización de la política, que trajo aparejado el descreimiento de esta actividad y acentuó el creciente desinterés de la ciudadanía por participar.

Con el fracaso de la Alianza en el gobierno, este desconocimiento de las normas y de las instituciones tocó su punto más álgido y en la década kirchnerista, sumergida en el populismo y la demagogia, se hizo carne en la sociedad.

Se enquistó con mayor fuerza de la mano de un populismo al que el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa definió como “la enfermedad de la democracia” asegurando que, “es una práctica muy antigua en la que los políticos han buscado el éxito inmediato sacrificando el futuro en nombre de un presente que da popularidad. Y lo han aprovechado las derechas, las izquierdas y las dictaduras”.

Justamente es en un escenario dominado por esta práctica donde el desconocimiento de las leyes y su reemplazo por códigos propios de las mafias, encuentra terreno más fértil porque, a diferencia de la República y la democracia, donde los habitantes son ciudadanos, el populismo tiene clientes y por lo tanto lo más sencillo para sus cultores es hacerse los distraídos frente al desconocimiento de la legalidad.

Como bien dice nuestro escritor Marcos Aguinis, el populismo “estimula el facilismo y la irresponsabilidad para conseguir adeptos”. En nombre de una supuesta “paz social”, muchas veces quienes ocupan cargos de gobierno o están al frente de instituciones como la Justicia, adhieren a la consigna “dejar hacer, dejar pasar”. Pero ¿qué es la paz social? ¿Es hacer lo que cada uno quiera, aun ignorando la ley? Estoy convencido de que no.

La paz social no se puede “comprar” ni “alquilar” a costa del incumplimiento de la ley. Un corte de ruta o de calles, una toma de terrenos, son delitos y las instituciones de la democracia deben medirlos con esa vara.

Y no se trata de “criminalizar la protesta social”, esa consigna panfletaria a la que fácilmente adhieren quienes reemplazan la ley con sus propios códigos. Se trata de que el imperio del uso y la costumbre no puede avanzar sobre la Constitución Nacional o la Provincial y las leyes que de ellas emanan.

Abrazada a la ilegalidad ninguna sociedad podrá desarrollarse y es aquí donde el mensaje de quienes ocupamos cargos de gobierno debe ser claro, sin hipocresías ni demagogia.

No debemos decirle a cada uno lo que tiene ganas de escuchar.

Con la asunción del presidente Mauricio Macri, el populismo que tanto mal le ha hecho a nuestro país, tiene los días contados. Y la decisión de “gobernar con la verdad”, por más dolorosa que sea, es una demostración de que el país comenzó a transitar otro rumbo. Porque está claro que para solucionar un problema, el primer paso es reconocer su existencia.

Como sociedad debemos trabajar con responsabilidad para comenzar a revertir esta situación y la herramienta básica y fundamental para hacerlo es la educación, en un debate que no se limite solamente a la cuestión salarial como ocurre siempre en nuestro país y en nuestra provincia.

Debemos darnos ese debate y asumir cada uno el rol que le corresponde: gobernantes, clases dirigentes, sindicales y, sobre todo, la familia. Si no lo entendemos así, estamos condenados al fracaso.

 

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