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Opinión

Desafíos de la reforma para fortalecer la democracia

Por Lisandro Bonelli

Publicado en “Reflexiones Políticas VI”. Diciembre de 2016

La agenda legislativa del 2016 ha girado principalmente, tanto a nivel nacional como provincial, alrededor de la reforma política. Las elecciones del 2015 dejaron un escenario claro: la ciudadanía exige a la política un mayor compromiso con la cosa pública, más democracia, participación y transparencia. Las denuncias de corrupción han enardecido el humor social y las propuestas de cambio están a la orden del día.

Sin perjuicio de las distintas perspectivas o enfoques, puede observarse en la provincia de Buenos Aires un claro consenso en la mayoría de los actores del arco político sobre la necesidad de avanzar en esta reforma. Algunos resultados ya están a la vista. Después de muchos años de discusión y con iniciativas legislativas de distintas fuerzas, logramos convertir en ley la limitación a las reelecciones. Más allá de las objeciones que plantean algunos sectores -sobre si correspondía que sea por ley o por reforma constitucional-, ha quedado claro que la alternancia en el ejercicio de los cargos políticos y la renovación son valores fundamentales para garantizar mejor calidad en el funcionamiento y conformación de las instituciones de un gobierno democrático.

Otro de los resultados de este proceso de reforma y renovación fue la consagración normativa de la paridad de género en las listas para candidaturas legislativas. Una vez más, con objeciones en algunos sectores, esta norma vino a resolver la problemática evidente de la infrarrepresentación de las mujeres en el Senado y la Cámara de Diputados. Se constituye así en una acción positiva del Estado para erradicar la discriminación y garantizar el empoderamiento de las mujeres. Es una política que se enrola en el marco de las recomendaciones internacionales de distintos actores como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Parlamento Europeo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, entre otros.

Volviendo a la cuestión de la agenda provincial sobre la reforma política, la misma incluye muchos y variados temas. Desde la cuestión electoral, a través de la implementación de sistemas de votación electrónica o boleta única electrónica, pasando por el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, el debate electoral obligatorio, la transición de mandatos, reglamentación de institutos de democracia semidirecta, hasta la cuestión de la autonomía de los gobiernos locales.

Entre tantos temas, es normal que algunas cuestiones más relevantes que otras puedan resultar pérdidas -o intencionalmente postergadas en el mar de iniciativas legislativas vinculadas a la reforma. Probablemente algo de esto esté sucediendo con la discusión del Código de Ética y Transparencia para el ejercicio de la Función Pública en la Provincia de Buenos Aires. Si bien la propuesta legislativa recepta como plataforma de base un proyecto de mi autoría, lo cierto es que en la labor en Comisión de Reforma la misma fue enriquecida con aportes y proyectos de todos los sectores: FR, FPV, FAP. Sin dudas, el despacho al que se llegó en Comisión y que es resistido injustificadamente por el oficialismo, condensa un acuerdo de muchas fuerzas políticas y se constituye en una herramienta seria para empezar a combatir definitivamente la corrupción que ha venido golpeando duramente las instituciones públicas de la provincia.

El Código de Ética viene a saldar viejas deudas políticas, como por ejemplo la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política que se encuentra regulado en el artículo 3º de la Constitución de la provincia de Buenos Aires pero que a la fecha no ha sido constituido. El mismo tiene a su cargo el deber de examinar los actos de corrupción que pudieran cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales. Desde esta visión, el Código propone no sólo crear este órgano, sino dotarlo de las garantías funcionales y los recursos necesarios para fortalecer su labor y convertirlo en un referente provincial en materia de corrupción y transparencia, tornando obligatoria su intervención en todos los procesos o procedimientos de remoción y/o sanción de funcionarios públicos por hechos vinculados a la corrupción en cualquiera de los niveles de gobierno.

A esta propuesta se suman otras de gran relevancia como la obligatoriedad de la presentación de las Declaraciones Juradas en todos los Poderes del Estado y no sólo al Poder Ejecutivo, como propone el oficialismo con la iniciativa ingresada a través del Senado. El oscurantismo atenta contra la democracia. La transparencia es un rayo de luz que debe caer por sobre todas las instituciones del Estado y no sesgadamente sobre algunas. La ciudadanía quiere conocer el patrimonio y las cuentas de los Fiscales que (no) investigan, de los Jueces que (no) deciden, de los Legisladores que (no) legislan, los Vocales del Tribunal de Cuentas que (no) analizan las cuentas públicas y, en definitiva, de todo funcionario público y no sólo los del Ejecutivo.

Otra de las cuestiones fundamentales que se proponen regular a través de este Código de Ética es la problemática de la apropiación de la publicidad oficial(1). Es notorio como cada nueva autoridad que llega al Poder Ejecutivo pretende utilizar la publicidad estatal -que se solventa con recursos públicos- para “autopublicitarse” colocando su nombre. Es común, a pesar del cambio de gobierno, continuar viendo ambulancias, patrulleros u oficinas que continúan llevando el nombre y apellido del Gobernador anterior. Esto no puede continuar sucediendo y este proyecto propone una prohibición clara a esta práctica política basada en la apropiación de lo que es de todos.

Tal vez la propuesta más polémica que incorpora el Código de Ética, y la que más resistencias enfrenta, sea la regulación del nepotismo. (2)

Al elaborar el proyecto con mi equipo estudiamos distintos sistemas normativos que legislan este tema. Por una cuestión vinculada a las raíces y experiencias comunes (políticas, culturales, ideológicas, entre otras), nos sentimos más cercanos al modelo brasilero que resultó, en definitiva, el que decidimos adoptar y plasmar en nuestra iniciativa. El enfoque propuesta pretende resolver la cuestión de que cada gobierno que se retira del poder deja a los familiares de todos sus funcionarios en la planta permanente del Estado. Así, creamos una inhabilidad para ingresar a planta permanente en áreas donde el sujeto que se postula o resulta nominado es familiar del postulante o nominante. En esto resultó decisivo incorporar la designación recíproca, que se da cuando un funcionario designa en su área al familiar de otro funcionario a cambio de que éste haga lo mismo.

Dejamos a salvo, como sucede también en otros sistemas, la cuestión de la contratación política. La lógica de esta regulación es erradicar el ingreso a planta permanente por parentesco violentando el principio de idoneidad para el cargo. En el caso de la contratación política, donde prima la transitoriedad, entendemos que el funcionario tiene la libertad de contratar respetando el marco normativo de las contrataciones del Estado y que, para ello, podrá basarse en la idoneidad, la confianza o cualquier otro atributo personal que entienda relevante para el rol que se encomienda al sujeto que se contrata. Si la persona contratada, familiar o no, termina desempeñando mal su tarea, ello será un problema del funcionario contratante y el desempeño de su gestión.

El Código Provincial de Ética Pública y Transparencia propone avanzar en la regulación de un sinfín de cuestiones que serían imposibles de abordar en este acotado ámbito, tales como la incompatibilidad de cargos y funciones, los conflictos de interés, el régimen de obsequios, el acceso público a las DDJJ, los deberes de comportamiento, entre otros temas relevantes. Aquí solamente esbocé algunas de las líneas más salientes o discutidas, y que probablemente puedan ser las que estén obstaculizando su avance hacia el recinto.

Lo importante es que el tema está en agenda y nos convoca a todos los actores políticos a abandonar viejas prácticas y empezar a discutir lo que la ciudadanía está reclamando: herramientas efectivas para combatir la corrupción y garantizar un Estado más transparente en la administración de la cosa pública. En esta línea, también he presentado un proyecto que procura incentivar a la ciudadanía y la Sociedad Civil a denunciar civilmente hechos de corrupción o defraudación, otorgándoles un porcentaje de los recursos económicos que el Estado pueda recuperar gracias a su denuncia (sistema de delación premiada).

Es fundamental avanzar con estos instrumentos van a permitir mejorar la calidad de las instituciones y van a significar mejorarle la vida a millones de bonaerenses.

(1). El texto propuesto indica: “Prohibición de apropiación de la publicidad oficial. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos debe tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

(2). La regulación que se propone y que logró consenso es la siguiente: “Nepotismo. Entiéndase por nepotismo la nominación o postulación de cónyuge, conviviente o pariente en línea recta, colateral o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, de la autoridad postulante o de un funcionario con categoría similar o superior de director, jefe o asesor, para el ejercicio de un cargo en la Administración Pública directa o indirecta, en cualquiera de los poderes del Estado. Queda comprendida también la designación recíproca de familiares entre funcionarios. Prohíbase el nepotismo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de lo cual queda vedada la nominación o designación de familiares mencionados en las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa, de planta permanente del organismo o dependencia del Estado en el cual el funcionario designante cumpla funciones o cargo electivo. Quedan exceptuadas las nominaciones a cargos políticos y las contrataciones transitorias que deberán finalizar al término del mandato del funcionario político designante”.

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