Fundación Nuevas Generaciones Club de Ex Becarios Argentinos
 
 
 
 
Opinión

Defender los recursos del estado y prevenir la ludopatía

Por Nicolás Mattiauda

Publicado en “Reflexiones Políticas VI”. Diciembre de 2016

“Hay dos ocasiones en la vida en las que el hombre no debería jugar: cuando no tiene dinero propio para ello y cuando juega su propio dinero.” (Mark Twain)

En junio de este año, mediante un proyecto de Ley que presenté en la Cámara de Senadores de Entre Ríos, puse en debate un tema social profundo cuyo análisis tiene dos puntos fuertes como la ludopatía y cuidar los recursos del Estado, principalmente cuando los mismos llegan a los sectores más vulnerables en forma de asistencia social.

La iniciativa busca restringir el acceso a las salas de juego a quienes sean beneficiarios de planes sociales otorgados a nivel nacional o provincial, y que posean deudas líquidas y exigibles con el gobierno, con entidades bancarias o financieras, por cuotas alimentarias, o con otro organismo público o privado.

El objetivo del proyecto es generar un resguardo económico de los sectores más desamparados y vulnerables de la sociedad, que reciben la asistencia del Estado a partir de un porcentaje de lo recaudado justamente en las salas de juego, loterías y tómbolas que en Entre Ríos funcionan bajo la órbita del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Con esta iniciativa busco poner en debate la necesidad de preservar el dinero del Estado y el de los beneficiarios de programas de asistencia, evitando que las personas que perciben algún tipo de asignación social, y que poseen deudas exigibles judicialmente, la jueguen y malgasten en los casinos, salas de juegos, tómbolas o loterías e hipódromos.

Se trata nada más y nada menos que de proteger el dinero de los más humildes, a quienes el Estado brinda asistencia social para que puedan cubrir sus necesidades básicas porque no tienen otra posibilidad. Sin embargo esa ayuda, en muchos casos, no llega al hogar del beneficiario porque se desvanece en el intento azaroso de multiplicarla en una sala de juegos. Y si esa persona tiene, además, algún tipo de deuda con el propio Estado o de otra índole, entonces la situación empeora y se verá imposibilitada de darle cumplimiento a esa obligación.

El proyecto aborda la problemática coyuntural de los sectores que menos tienen. No debe ser visto como una propuesta discriminatoria o excluyente de los sectores más humildes, sino como una necesidad de resguardar la salud financiera de los mismos. Quienes acceden a una ayuda del Estado, lo hicieron a través del estudio de asistentes sociales que constataron la vulnerabilidad de estas personas.

No propongo una medida de índole restrictiva, dado que quien tenga los impuestos al día o no posea deudas alimentarias no tendrá inconveniente para ingresar a una sala de juegos. Pero, ¿cómo tomarán los contribuyentes que tienen al día el pago de sus tasas y sus impuestos, que una persona que recibe una asignación social, que a su vez le debe al mismo Estado, termine malgastándose el dinero en el juego? ¿Qué pensaría aquella madre cuyos hijos no reciben la cuota alimentaria, porque su padre se juega el dinero en un casino, bingo o tragamonedas?

Es por ese motivo que el proyecto de Ley tiene una doble imposición: la restricción de ingreso a salas de juego para las personas beneficiarias de planes sociales y que además tienen algún tipo de deuda informada. Deben resguardarse los recursos solidarios que muchos vecinos, a través de sus impuestos, le entregan al Estado para que cubran las necesidades básicas de los sectores más vulnerables.

La protección de aquellas personas beneficiarias de planes sociales que poseen deudas líquidas y exigibles, evita que su situación financiera se vea afectada debido a las apuestas, por la potencial pérdida de dinero que ocasiona, como así también que comprometan su patrimonio y el de sus familias o, incluso, lleguen al extremo de ser declaradas pródigas o fallidas a causa de la imposibilidad de poder hacer frente a sus obligaciones.

El dinero de los planes sociales sale de la recaudación impositiva de los contribuyentes y se destina a suplir las necesidades de los sectores más postergados. No es correcto que una ayuda del Estado se malgaste en las salas de juego; debe sí, volcarse en la compra de alimentos o indumentaria en la economía de los barrios.

Autoridad de aplicación

Para poner en práctica la iniciativa propongo que la autoridad de aplicación sea el IAFAS, que deberá instrumentar los medios y requisitos básicos para dar cumplimiento a los objetivos de la Ley. Dicho organismo tendrá la facultad para celebrar los convenios necesarios con otras dependencias u entes.

Si bien en Entre Ríos funcionan bajo la órbita del IAFAS el Departamento PrevenJuego y el Registro de Autoexclusión, ninguna de estas medidas prevé el resguardo económico de los sectores más desamparados como sí lo hace el proyecto presentado.

Cabe destacar que el mencionado Registro de Autoexclusión representa un procedimiento irrevocable por un año disponible para quienes reconocen su problema con el juego. La persona toma la decisión voluntaria de ser excluida de los casinos y salas de entretenimientos que administra el IAFAS en Entre Ríos.

Es necesario en ese contexto, y como herramienta de ejecución de la restricción, hacer un entrecruzamiento de información entre los registros nacionales y provinciales, para poder determinar los planes sociales que recibe la persona y si tiene deudas bancarias, cuota alimentaria, entre otros.

La estadística indica que en las salas de juego siempre gana la banca. Por eso mi propuesta es restringir el ingreso a las mismas si la persona que recibe asistencia del Estado no puede cumplir con sus compromisos previos.

Prevenir la ludopatía

El otro punto fuerte para el análisis de este tema social profundo, es la ludopatía. Si bien el proyecto de Ley presentado no hace foco en esta problemática mayor, y Entre Ríos no tiene legislación orientada a prevenir y tratarla (sólo una iniciativa con media sanción del Senado en ese sentido), significa un aporte interesante para su abordaje.

La adicción al juego es una enfermedad, un problema mucho más grave de lo que la gente puede imaginar. Los ludópatas arriesgan el futuro de su familia entera por un instante de desesperación, de adicción. Pero no es menos cierto que esa enfermedad se puede tratar.

Una frase de autor anónimo expresa: “El dinero es como el pescado: vale más el que hay sobre la mesa, que los millones que se encuentran en el mar”. Es decir, más vale lo poco de tu bolsillo pero contigo, que lo que te puedas ganar -si es que sucede- en una sala de juegos.

Por lo tanto, si bien es necesaria una legislación que aborde a fondo la problemática, un proyecto de Ley como el propuesto apunta a reducir las conductas ludopáticas de los sectores más vulnerables de la sociedad y mejorar su calidad de vida. Y, al mismo tiempo, custodiar los recursos del Estado.

Entiendo que la iniciativa impulsada es “políticamente incorrecta”, pero estoy convencido que es un debate que la sociedad debe permitirse efectuar. No debemos quedarnos empantanados en una discusión que apunte al costado discriminatorio que muchos pretenden darle al proyecto, sino profundizar en la defensa de los recursos del Estado principalmente cuando los mismos se utilizan en forma de asistencia social, para cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables.

 

Volver

NG NG  
 

Nuevas Generaciones | Beruti 2480 (C1117AAD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) - Tel: (54) (11) 4822-7721

Seguinos Facebook Seguinos Twitter